Martes 18 DE Junio DE 2019
Opinión

El juego de la impunidad

La confianza en la institucionalidad y su demolición.

Fecha de publicación: 22-02-19
Por: Carol Zardetto

Para mí que se envalentonaron. Después del susto que pasaron con las investigaciones demoledoras de la CICIG que lograron llegar a la médula de la estructura de poder en Guatemala (corrupta y paralela), el alivio vino de la mano de Trump y sus desesperados manotazos por añadir aliados al traslado de su Embajada a Jerusalén. Apoyar esa jugada sucia para los intereses de la comunidad humana y de la paz equivale a condonar el sistema de apartheid donde los palestinos sufren cada día. Gran vergüenza que quedará en los anales de la Historia.

Aquel negocio oscuro (y el consiguiente respaldo) tuvo un rostro visible: Nikki Haley llegó a Guatemala con su aire victorioso. Grandes sonrisas para la canciller Jovel, y luego, un regaño para Iván. Debía bajar el perfil. El mensaje era claro: dejar en paz a los aliados del poder norteamericano en curso, era la voluntad del imperio.

Con este respaldo, los ratones empezaron a pensar en fiesta. Había que aprovechar. Si no era ahora, no sería nunca. Aparte de desarmar la estructura de las incómodas investigaciones, era momento de dar un manotazo a la compleja labor de la justicia transicional que tan tardía y penosamente había venido actuando en Guatemala.

Cuando las comunidades indígenas se presentaron a los tribunales a pedir justicia para aclarar y juzgar asesinatos, violaciones y desapariciones confiaron en la institucionalidad del país. Pusieron en manos de los fiscales del Estado la realización de las investigaciones. Pusieron en manos de los jueces el procesamiento y condena de los culpables. Eso se llama Estado de derecho. Sirve para construir la paz. La posibilidad de resolver los grandes actos de violencia por medio de la acción del sistema de justicia, a través de un proceso donde se resguarden las garantías de los acusados, es muestra de una voluntad de paz.

En Guatemala no ha resultado fácil. Los casos presentados por las comunidades indígenas, o los presentados por los demás guatemaltecos, parientes de personas cuyos derechos fundamentales fueron violentados, han sido demasiado penosos para llegar a una sentencia que responda a la necesidad vital de la justicia.

Una ley que derrumbe los actos de confianza en el sistema institucional, se convierte en una sola cosa: la clara voluntad del Estado de denegar justicia a los ciudadanos. Prácticamente, un acto de desconocimiento de la ciudadanía de los afectados. Una clara violación a los derechos humanos porque los crímenes han sido comprobados y juzgados. El bien común quedaría dañado de forma tan profunda, que no quedaría cara para sostener la seriedad del Estado. La ruptura entre gobernantes y gobernados se abriría como un abismo insondable. La pantomima institucional que vivimos, no soportaría ese embate.