Martes 12 DE Noviembre DE 2019
Opinión

El “sacrosanto” principio de no intervención

Como ciudadanos del mundo, no queda otro camino.

Fecha de publicación: 20-02-19
Por: Lizardo A. Sosa L.

El principio de no intervención, vigente en la política exterior de algunos países, debe ser revisado y convertido en uno de intervención positiva cuando se trate de los derechos humanos de personas afectadas por abusos de sus autoridades, pues el concepto en aplicación actual lo concreta como escudo de protección de gobiernos ilegítimos que abusan del poder en beneficio de los funcionarios y cómplices, en perjuicio de los ciudadanos, víctimas de los excesos de corrupción, del enriquecimiento ilícito, de los fraudes electorales, de resoluciones judiciales viciadas por la cooptación de la institucionalidad judicial y de la violencia policial que reprime los legítimos reclamos ciudadanos, convirtiéndose en evidente irrespeto a la libertad e incluso a la integridad física y a la vida de las personas, desprotegidas y sin esperanza de apoyo externo.

Está claro que en el origen de este principio, se concibió como defensa de pequeñas naciones tradicionalmente objeto de intervenciones para favorecer intereses externos y de aliados locales con repercusiones en el uso y abuso de recursos naturales, o dominio de posiciones geográficas privilegiadas con gran valor geopolítico, y otras; pero que tarde o temprano terminaron sirviendo para proteger a estos grupos al servicio de intereses ajenos y a sus gobiernos títeres, permitiéndoles hacer y deshacer en sus respectivos territorios, ejerciendo el poder mediante procedimientos autoritarios y corruptos, en total y absoluto irrespeto a los derechos humanos. Así, estos grupos ilegítimos y hasta mafiosos en el poder, esgrimen el principio de no intervención para manipular sus sistemas político-electorales, cooptar los organismos a cargo de la administración de justicia, apropiarse de riquezas, monopolizar el poder político, y limitar o negar absolutamente los derechos de expresión, el ejercicio de los derechos políticos y negar la libertad y hasta la vida de las personas.

En este mundo de la globalización y del multilateralismo, en el que la humanidad toma creciente conciencia de su infinita pequeñez ante la inmensidad infinita de la creación, y al mismo tiempo de la dignidad y señorío de toda persona humana sobre la faz de la Tierra, se evidencia cada vez más la necesidad de que asumamos nuestra condición de ciudadanos del mundo, responsables de la creación de condiciones cada vez más humanas para todos y cada uno de los habitantes del planeta. Por ello, los textos constitucionales de muchos países y en especial la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, prescriben el respeto y promoción de la dignidad de la persona humana. En armonía con esa convicción, Guatemala, desde 1985 en los Artículos 46 y 149 de la Constitución, adoptó el concepto de la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho interno.

Por lo anterior, en el futuro no lejano, el principio de no intervención debería tornarse en otro de positiva intervención en los asuntos internos de otros países, cuando estos violen de cualquier forma los derechos humanos. Como ciudadanos del mundo, no queda otro camino.