Viernes 22 DE Marzo DE 2019
Opinión

Reforma de la Ley de Reconciliación Nacional

— editorial
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La Ley de Reconciliación Nacional (LRN) fue aprobada por el Congreso el 18 de diciembre de 1996, mediante el Decreto 145-96, o sea 11 días antes de que el gobierno firmara la paz con la guerrilla (URNG), acto que se consumó el 29 de diciembre de 1996.

La LRN declaró la extinción de la responsabilidad penal por la comisión de delitos políticos y comunes conexos durante el enfrentamiento armado interno (1960-96), comprendiendo a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional y contra la administración pública, así como la extinción de la responsabilidad penal por los delitos cometidos en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, por las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir los delitos políticos y comunes conexos relacionados.

También se incorporó en la LRN la siguiente disposición: “Artículo 8. La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”. Esta disposición generó controversia desde un inicio, ya que Guatemala no se ha adherido a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU en resolución 2391 de fecha 26 de noviembre de 1968, que establece: “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido: a) Los crímenes de guerra (…) sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra; b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz (…) así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención (…) para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (…)”. Por otro lado, el Artículo 107 del Código Penal dispone: “La responsabilidad penal prescribe:

1º A los 25 años, cuando correspondiere pena de muerte. 2º Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años, ni ser inferior a 3. 3º A los 5 años, en los delitos penados con multa. 4º A los 6 meses, si se
tratare de faltas”

Eso sí, Guatemala se adhirió al Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante el Decreto 3-2012 del Congreso, con vigencia a partir del 23 de febrero de 2012. La CPI tiene competencia, sin efecto retroactivo y subsidiariamente, para juzgar a personas individuales acusadas de haber participado en la comisión de los delitos internacionales de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Actualmente, en el Congreso se discute un proyecto de reformas a LRN (Iniciativa de Ley 5377), que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y desfavorable de la Comisión de DD. HH., a través del cual se pretende suprimir, entre otros, el citado Artículo 8, otorgar una amnistía general y modificar otras normas de la LRN. En el dictamen desfavorable se expresa que la Corte Interamericana de DD. HH. ha sostenido que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, aunque Guatemala no se haya adherido a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y que no procede decretar amnistías en materia de delitos graves.

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