Lunes 16 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Juzgamiento indebido por parte del juez constitucional

El desvío o abuso de poder del juez constitucional.

Fecha de publicación: 18-02-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

 

La Constitución es el valor normativo superior de un Estado, que determina la validez material y formal de todo el ordenamiento jurídico. Esto supone que ninguna norma o disposición jurídica puede contrariar la Constitución, bajo pena de ser declarada nula de pleno derecho. Asimismo, todas las decisiones administrativas o judiciales deben sujetarse o apegarse a los mandatos constitucionales, porque de lo contrario pueden ser denunciados o impugnados por incompatibilidad con la Constitución.

Corresponde al Tribunal Constitucional la defensa del orden constitucional, que implica la plena vigencia de los principios, valores y derechos constitucionales, así como de las competencias y funciones de los órganos e instituciones estatales establecidas en la Constitución.

El Tribunal Constitucional tiene a su cargo la correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales, hacer valer los derechos fundamentales y expulsar del ordenamiento jurídico las normas incompatibles con la Constitución. No obstante, tiene vedado enjuiciar la Constitución, o sea juzgar o deliberar sobre la justificación, existencia, validez o vigencia de una norma o mandato constitucional; y, por ende, no puede dejar de aplicar, ni contradecir o tergiversar los preceptos constitucionales imperativos o prohibitivos expresos, cuya enmienda, en su caso, le corresponde, con exclusividad, al poder constituyente. Tampoco le es dable jerarquizar o priorizar las normas constitucionales ni declarar que unas prevalecen sobre otras. En todo caso, debe armonizar la normativa constitucional sin menoscabarla ni restarle eficacia jurídica.

Enjuiciar implica someter un asunto a examen, discusión o juicio. En Derecho, enjuiciar supone desentrañar, investigar y cuestionar la justificación, existencia o validez de una cuestión o regulación sometida a consideración de un tribunal o autoridad.

Respecto del enjuiciamiento de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad (CC), en la resolución de fecha 24 de agosto de 2006 (expediente 2269-2006), expresó que “pretender y aun peor, declarar una inconstitucionalidad de lo constitucional implicaría una crítica tensión social por sostener una paradoja u oxímoron destructor de la seguridad jurídica que el concepto de supremacía implica. Contravendría la lógica de lo razonable la aceptación de que una norma constitucional estaría en capacidad de derogar otra de la misma naturaleza (…) Esta Corte (…) no tiene, como tampoco la tendría ningún otro Tribunal, jurisdicción para enjuiciar a la Constitución”.

Por otro lado, el fraude constitucional (fraude de o a la Constitución) se concibe como el acto tendiente a eludir la correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales en perjuicio del Estado o de terceros. O sea que supone el enjuiciamiento engañoso o falaz que persigue un resultado contrario o prohibido por la misma Constitución.

La CC, en la sentencia de fecha 10 de octubre de 2006 (expediente 2395-2006), expulsó de la jurisprudencia constitucional la sentencia de fecha 14 de julio de 2003 (expediente 1089-2003), bajo el argumento de que no debe tolerarse un juzgamiento indebido por parte del juez constitucional, ya que esto “implica peligros que penden sobre el mismo sistema de justicia constitucional, como espada de Damocles, de manera que cualquier desvío o abuso de poder, por parte de los jueces constitucionales, pone en peligro, prácticamente, todo el sistema jurídico-político institucional”.