Lunes 22 DE Julio DE 2019
Opinión

Interpretación de la Constitución

El juez constitucional no puede reescribir la Constitución.

Fecha de publicación: 11-02-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

 

El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la ley jerárquicamente superior del Estado y que sus preceptos son el fundamento jurídico de todo el ordenamiento jurídico. Esto último supone que la Constitución, como fuente de legitimación, confiere validez formal y material a todas las leyes y disposiciones del Estado, de ahí que se atribuya a la Carta Magna la cualidad de súper legalidad.

De esa cuenta que la correcta interpretación y aplicación de las normas incorporadas en la Constitución es determinante para que rija un verdadero y eficaz Estado de Derecho, vertebrado por las instituciones que ejercen el control de constitucionalidad y de legalidad.

Al respecto, Thomas Jefferson escribió: “En cada cuestión de construcción, (hay que) retroceder a la época, cuando se adoptó la Constitución; recordar el espíritu manifestado en los debates, y en lugar de tratar (de averiguar) qué significado puede extraerse del texto, o inventado contra él, adoptar aquél con el que más probablemente fue adoptada”.

Todo el sistema jurídico está sustentado en una fiel y correcta interpretación y aplicación de las normas, sean estas constitucionales, legales o contractuales, lo que implica que debe observarse estrictamente y, en su caso desentrañarse, tanto el espíritu normativo (principios y valores que originaron los preceptos) como la literalidad de los mandatos, lo que impide un entendimiento subjetivo o antojadizo.

Sin embargo, en la jurisdicción constitucional, cuya finalidad es hacer valer la soberanía de la Constitución, ha incursionado con fuerza el criterio de la “Constitución Viviente”, en el marco de una suerte de “posconstitucionalismo” o “neoconstitucionalismo posmoderno”, que cuestiona y desconfía del conocimiento del pasado para resolver los problemas del presente. De ahí que, bajo este criterio, el juzgador de lo constitucional, a través de sus decisiones, puede crear derecho, bajo la supuesta justificación de favorecer la constitucionalidad (protección de derechos colectivos, realización del bien común o materialización de la justicia social), es decir que le es dable la transformación política, económica y social, así como la formulación de políticas públicas, llegando al extremo de enmendar al legislador, excepcionar la ley o, simplemente, prescindir del mandato constitucional o legal.

Por supuesto, este criterio supraconstitucional alienta la incertidumbre jurídica, porque las personas no saben a qué atenerse, debido a que la interpretación y aplicación de la ley y los contratos no son predecibles. La validez subjetiva sustituye a la validez objetiva e imparcial. Por otro lado, la resolución pacífica de los conflictos se torna nugatoria, así como, a través de la relativización del imperio de la ley, se allana el camino a la anarquía o al despotismo.

Sin más, si se asume el criterio de la “Constitución Viviente”, el juzgador de lo constitucional puede reescribir la Constitución (potestad que le está reservada al pueblo), a través de sus decisiones caprichosas o veleidosas, o sea acorde con sus personales convicciones, valores, creencias, intereses o preferencias, haciendo caso omiso de la finalidad, alcance y sentido normativo original y fehaciente. En otras palabras, bajo esta corriente se hace realidad aquello de que “la Constitución dice lo que el tribunal constitucional dice que dice”.