Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Antejuicio contra candidatos

Fecha de publicación: 08-02-19
Por: editorial

La Ley Electoral y de Partidos Políticos dispone: “Desde el momento de su inscripción, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa en su contra. Tampoco podrán serlo los candidatos para diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del tribunal que corresponda, para los efectos consiguientes”.

El Derecho de Antejuicio protege la función y no la persona del servidor público, ya que tiene por objeto preservar la estabilidad del desempeño del cargo e impedir que el ejercicio de la función se vea menoscabada por las vicisitudes políticas.

Sin embargo, el Derecho de Antejuicio a favor de los candidatos a cargos de elección popular no está protegiendo directamente la función pública, aunque sí de manera indirecta porque si el candidato queda inhabilitado injustificadamente para optar al respectivo cargo público se impide que los ciudadanos puedan elegirlo y que a este le sea adjudicado dicho cargo.

El procedimiento de antejuicio no es un proceso penal, a través del cual se juzga al funcionario imputado y se determina si este es culpable o no, ya que su único objetivo es declarar si ha lugar o no a formación de causa penal contra el imputado. Por tanto, la resolución final que recae sobre el procedimiento de antejuicio, sea declarando que ha lugar o no a formación de causa penal contra el funcionario imputado, aunque sí causa estado no causa cosa juzgada.

En todo caso, la declaración de procedencia de un antejuicio (en el sentido de que ha lugar a formación de causa penal contra el funcionario imputado) solo podría redundar en la iniciación de un proceso penal, en tanto que la declaración de improcedencia del mismo (no ha lugar a formación de causa penal contra el funcionario imputado) únicamente podría interpretarse como que, a juicio del tribunal de antejuicio, no debe juzgarse (procesarse) al sindicado en tanto en cuanto esté en el desempeño del cargo público respectivo. Es decir que la declaración de procedencia o improcedencia del antejuicio no enjuicia ni prejuzga sobre los hechos punibles imputados y, por ende, no tiene fuerza de cosa juzgada.

Por otro lado, la Ley en Materia de Antejuicio establece que un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. Empero, en el caso de los candidatos a cargos de elección popular, al ser declarado procedente un antejuicio en su contra, deberían quedar automáticamente suspensos como candidatos, así como sus respectivas inscripciones en el Registro de Ciudadanos, al quedar ligados a proceso penal, a través del correspondiente auto de procesamiento penal, aunque no se hubiere decretado prisión preventiva contra los imputados.