Lunes 22 DE Abril DE 2019
Opinión

Un Gobierno de transición en Venezuela

— editorial

El Artículo 233, párrafos segundo y tercero, de la Constitución de Venezuela dispone: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva”.

Asimismo, el Artículo 333 de dicha Constitución establece: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por otro lado, el Artículo 350 de la referida Carta Magna preceptúa: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

El pasado jueves 10 terminó el periodo presidencial venezolano 2013-19, y aunque el dictador Nicolás Maduro, abanderado del Socialismo del Siglo XXI y aupado por la denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), fue juramentado por la magistratura de facto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras haber sido proclamado Presidente por el también de facto Consejo Nacional Electoral (CNE), tras convalidar el fraude electoral ocurrido el 20 de mayo de 2018, desde la perspectiva constitucional se ha producido un típico vacío de autoridad y una usurpación de funciones por parte de Maduro.

Luego, dada la falta absoluta del Presidente, procede que el Presidente de la Asamblea Nacional (AN) asuma como gobernante interino y que se convoque a elecciones presidenciales dentro de los 30 días siguientes a ocurrido el vacío.

En Venezuela, la única institución que goza de legitimidad y juridicidad es la AN. El gobernante Maduro (que ha sumido al pueblo venezolano en una crisis total), la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro, el TSJ y el CNE son entidades integradas de facto, o sea que son ilegítimas e ilegales.

El pasado viernes 11, el presidente de la AN, Juan Guaidó, amparándose en los preceptos constitucionales transcritos, asumió las competencias de la Presidencia de Venezuela para convocar a un proceso de elecciones libres, justas, legítimas y transparentes que faciliten una transición, apelando al apoyo del pueblo venezolano, de los militares y de la comunidad internacional. Inmediatamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó al nuevo gobernante al igual que los gobiernos de algunos países del hemisferio.

En todo caso, se espera que el Grupo de Lima, incluyendo al Gobierno de Guatemala y EE. UU. reconozcan y apoyen al gobierno de Guaidó, quien por cierto el pasado domingo fue detenido ilegalmente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que es la policía política del régimen de Maduro, de corte castrista, y posteriormente liberado, sin expresión de causa.

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