Domingo 17 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Abolición del derecho de antejuicio

Ningún funcionario debe sustraerse del imperio de la ley.

Fecha de publicación: 07-01-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

 

El derecho de antejuicio o de desafuero, según la Ley de Antejuicio, es la garantía inherente a los cargos públicos que se otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.

Tienen derecho de antejuicio, entre otros, los siguientes cargos públicos: Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Secretario General y Privado de la Presidencia, diputados al Congreso, magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones y del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Contralor General de Cuentas y los Procuradores General de la Nación y de los Derechos Humanos.

Sin duda, la construcción del Estado de Derecho a partir de la promulgación de la actual Constitución (1985-6) ha sido lenta y tortuosa, debido, entre otras cosas, al abuso y tergiversación del derecho de antejuicio, el cual ha terminado convirtiéndose en una suerte de escudo de impunidad o de licencia para delinquir. Desde el mismo inicio del actual orden constitucional se corrompió la inmunidad al haberse impedido la formación de causa penal contra funcionarios con antejuicio por hechos punibles gravísimos o ajenos al desempeño de los cargos, lo que supuso un patético exceso y deformación de la protección que otorga el antejuicio.

La CC también ha contribuido a entorpecer y desnaturalizar el procedimiento de antejuicio a través de: (i) La generación de una tramitación previa al procedimiento de antejuicio ante la CSJ, mediante la cual esta, sin tener jurisdicción ni competencia al efecto, debe calificar si los hechos denunciados son o no ilegítimos, políticos o espurios, y que, a su vez, esta calificación sea revisada por el tribunal constitucional a través del amparo; y (ii) La determinación de que la resolución mediante la cual no se despoja de la inmunidad al funcionario denunciado causa cosa juzgada, lo que impide que un exfuncionario pueda ser juzgado penalmente después de que hubiese cesado en sus funciones, haciendo nugatorio lo estipulado en el Artículo 155 de la Constitución.

Es más, algunos magistrados y exmagistrados de lo constitucional sostienen que el derecho de antejuicio debe hacerse extensivo a los exfuncionarios después de haber cesado en sus funciones, respecto de sus actuaciones en el desempeño de los cargos públicos. Le denominan “antejuicio orgánico”. En mi opinión, esta extensión de la inmunidad a los exfuncionarios no tiene sustentación jurídica, ya que el derecho de antejuicio protege al cargo y no a la persona del funcionario.

Por lo menos, se ha avanzado al haberse sentado el criterio jurisprudencial que establece que el derecho de antejuicio solo puede otorgarse por la Constitución y leyes constitucionales, y no por medio de leyes ordinarias. Asimismo, en 1994 se incorporó en la Constitución que la CSJ debe conocer el antejuicio de los diputados (y no el Congreso), y se habilitó el antejuicio contra los magistrados de la CC.

Sin embargo, el abuso y la tergiversación del derecho de antejuicio, para garantizarse impunidad, siguen dando pie a discrecionalidades y aberraciones jurídicas. Sin duda, el desafío es asegurar que ningún funcionario esté por encima de la ley ni se sustraiga del imperio de esta. Por tanto, es imperativo reformar la institución del antejuicio; o, en su caso, debatir, con seriedad y urgencia, sobre la pertinencia de suprimir el derecho de antejuicio. En Honduras ya se abolió y en México se inició el proceso de derogación.