Miércoles 16 DE Octubre DE 2019
Opinión

Enfoque: “Al que me investiga, se le castiga…”

Ese es el pensamiento de algunos gobernantes –entre ellos, Jimmy Morales–. Lo que pretenden es terminar con las investigaciones sobre corrupción.

Fecha de publicación: 19-12-18
Por: Gonzalo Marroquín Godoy

 

No cabe duda que el poder hace perder la dimensión a algunos simples mortales, especialmente aquellos intolerantes y autoritarios que lo adquieren por cargos públicos que –de alguna manera–, les dan la oportunidad de moverse bajo un manto de impunidad, derivado de la capacidad que tienen para manipular las instituciones.

Esos personajes públicos se olvidan que llegan a los puestos –presidente, vicepresidente, diputados o alcaldes–, bajo el concepto de democracia, es decir, para servir y no para servirse. Pronto olvidan el juramento que hacen de respetar la Constitución –y el sistema legal– y actúan con intereses personales o sectoriales, sin importarles lo más importante: el bienestar de las mayorías. Un mal generalizado a nivel mundial.

Tanto es así, que el 31 de octubre de 2003, la ONU reconoce la importancia de combatir la corrupción, al aprobar la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. A la fecha, Guatemala es una de las 181 naciones signatarias, lo que significa que, como Estado, nos hemos comprometido a luchar contra ese mal de siempre, al que nunca antes se le intentó poner un alto.

Los guatemaltecos hemos podido comprobar el grado de corrupción e impunidad al que se ha llegado –sin lograr hasta hoy extirparlo–, con el consiguiente efecto de ser uno de los países con mayor pobreza e índices sociales más vergonzosos de Latinoamérica.

Veamos qué dice el prólogo de la citada Convención:

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Esta verdad tan grande es suficiente como para pensar que cualquier esfuerzo que se haga para erradicar la corrupción es válido. Sigue el texto así:

Este fenómeno maligno se da en todos los países –grandes y pequeños, ricos y pobres– pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.

Como se ve, es un cáncer que alcanza a todos los habitantes de cualquier país.

Sin embargo, en estos días estamos viendo que algunos presidentes abusan de su posición para impedir que se puedan llevar a cabo investigaciones sobre corrupción. Es decir, que apañan a otros y se protegen a sí mismos tras el poder que les confiere el cargo.

En los países donde se vive virtuales dictaduras –como Nicaragua, para usar un ejemplo de moda– en donde los gobernantes controlan al sector justicia, la arremetida es contra la oposición del pueblo y la prensa, la única institución que puede investigar y fiscalizar sus actos.

Así vimos la semana pasada, cómo las represivas fuerzas de seguridad de Daniel Ortega, allanaron las oficinas del medio de prensa El Confidencial, precisamente por hacer trabajos periodísticos de investigación sobre los abusos y corrupción del gobierno orteguista.

En Estados Unidos, Mr. Trump no ha podido controlar su agresiva personalidad y, en un claro intento por encubrir la investigación sobre la famosa Conexión Rusa, destituyó al fiscal general Jeff Sessions, para nombrar a Matthew Whitaker, quien sin duda será más dócil. Esto genera un debilitamiento a la democracia estadounidense, que pierde uno de los contrapesos más importantes ante el poder de la Casa Blanca.

Y aquí, Jimmy Morales no se queda atrás. Arremete contra el comisionado Iván Velásquez y, no contento con tenerlo fuera del país, ahora quiere salir de los investigadores de la CICIG. El fin es el mismo: al que me investiga, se castiga. Así de fácil.

No le ha bastado anunciar que la CICIG no irá más allá de septiembre próximo. Se quiere terminar ¡ya! con los procesos de investigación.

Lástima que no todos entiendan lo que menciona la Convención: La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Es decir que, con lo que hace don Jimmy, todos perdemos, Guatemala pierde.