Lunes 21 DE Octubre DE 2019
Opinión

Tarifa Social

Necesitamos crear fuentes de energía renovable (solar, eólica y geotérmica).

Fecha de publicación: 08-12-18
Por: Franco Martínez Mont

Dentro de los principales ejes de acumulación capitalista en Guatemala están la matriz extractivista y energética, ambas agudizan el desmantelamiento estatal (desfalco fiscal), degradación ambiental y conflictividad social.

Desde el ALCA hasta el Plan de la Prosperidad son iniciativas globales para recolonizar los bienes naturales.  En el caso de la energía eléctrica, no solo está privatizada, sino también existen privilegios fiscales, corrupción en la obtención de licencias para la exploración, explotación y emisión de EIA’s, despojo de territorios indígenas e inversiones en áreas protegidas, a lo que se agrega la retorcida aplicación de la Tarifa Social (TS), pues junto al Aporte Social INDE y al Programa de Electrificación Rural, fueron concebidos para favorecer a los usuarios más afectados por el incremento de la energía eléctrica, principalmente de aquellos segmentos de población cuyo consumo sea menor a 300 kilovatios hora –kWh.

La idea original de la TS era beneficiar a las personas en pobreza extrema y general. Sin embargo, la evidencia demuestra que los principales favorecidos de la TS son la agroindustria, telecomunicaciones, construcción, transporte, centros comerciales, entre otros nichos corporativos.

Desde 1999, el Inde ha aportado unos Q10 mil millones para el subsidio a la TS, los cuales van en ascenso debido a la usura oligárquica y especulación financiera de la geopolítica petrolera.

Según la CNEE para 2018, la TS se aplica a 3.2 millones de familias guatemaltecas, equivalente al 94 por ciento de usuarios del país con consumo mensual de hasta 100 kWh, mientras que el restante seis por ciento corresponde a clientes de la tarifa no social.
En el presupuesto de 2019 se aprobó para el Inde Q450 millones, provenientes de Bonos del Tesoro, destinados al subsidio de energía para la TS.

Ahora bien, a manera de profundizar en el tema, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son los argumentos técnicos y políticos válidos –sin panfletería neoliberal– para no nacionalizar los tres procesos del subsector eléctrico: generación, transporte y distribución? ¿Qué correlación debe darse en el MP para investigar los abusos e impunidad de Trecsa, Deorsa, Deocsa y Eegsa, así mismo para dejar de criminalizar a los defensores de la tierra y el agua?

Finalmente, el beneficio de la TS para las comunidades rurales, pobres e indígenas es marginal y sale caro, efectos de un Estado servil e instrumental, un mercado oligopólico y una porción de la sociedad que no protege los bienes de dominio público.

framont@gmail.com