Miércoles 12 DE Diciembre DE 2018
Opinión

El desgaste del sistema Judicial

El control jurisdiccional del poder es visto con molestia.

— Carol Zardetto
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El ejercicio de la política está en una de sus épocas más viles. No se trata de ejercer el poder público para servir a una comunidad, no se trata de fortalecer el Estado y su capacidad de respuesta a los problemas colectivos. Básicamente se trata de abusar. Frente a esta ola de basura política, los órganos jurisdiccionales se han quedado con la carga de frenar una debacle inminente, con el consiguiente desgaste.

En Guatemala, los órganos judiciales nunca han tenido la cuota de poder que realmente les permita ejercer la labor constitucional de ser un contrapeso. La costumbre ha sido un poder Judicial pobre, sin independencia, maleable políticamente. Y, sin embargo, desde esa debilidad han surgido fallos profundamente significativos, capaces de impactar no solamente el ejercicio del poder político y económico en el país, sino también el imaginario colonialista que nos domina.

Algunos de los fallos recientes tienen que ver con el manejo de las relaciones internacionales por parte del Ejecutivo: la declaratoria de non grato a Iván Velásquez, o del embajador Anders Kompass, han provocado que se acuse a la CC de excederse en sus funciones o de “emitir fallos ilegales”.

Dichas afirmaciones ignoran que no existe ningún acto administrativo que esté exento del control jurisdiccional, porque todo ejercicio del poder está sujeto a la legalidad. Aun los actos discrecionales tienen elementos reglados que deben ser respetados por las autoridades.

Otro campo en el que el desgaste ha sido fuerte, es el tema de la exigencia del cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos originarios. Aquí es el poder económico el que se ha somatado el pecho de indignación cuando las cortes han hecho valer el derecho de los habitantes afectados por megaproyectos a ser consultados.

La indignación ha clamado por el grave daño que se causa a accionistas extranjeros que invierten en estas transnacionales. Poco les importa si una población guatemalteca se queda sin agua o es envenenada con arsénico. Detrás de esta indignación, está la realidad del incumplimiento de las leyes de la República que exigen no solamente la consulta, sino estudios de impacto ambiental que defiendan los intereses del país y no acomodaticios fingimientos hechos a la medida.

A estos hay que añadir los casos de justicia transicional, como el icónico fallo por genocidio o el caso de Sepur Zarco que golpean nociones racistas tan entretejidas en nuestra cultura.

Si revisamos los fallos que han causado molestia, vemos que son aquellos que socavan un pacto político espurio diseñado para favorecer esquemas de poder absolutista, antidemocrático y, con frecuencia, inhumano o inclusive, criminal. Las cortes han tenido el valor de ejercer su función en beneficio de un Estado que se sienta como eso: Estado.

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