Jueves 13 DE Diciembre DE 2018
Opinión

¿Vamos a renunciar a vivir con ley y orden?

No creo.

— Edgar Gutiérrez
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Si las elites conservadoras siguen guiándose por el hígado inflamado de la Fundaterror y por las visiones sobre que “todo pasado fue mejor” que predica un señor de las cavernas llamado Armando de la Torre, las veremos en el despeñadero el año próximo. De Jimmy Morales y su círculo de “asesores” no hay mucho qué decir, pues no hay mucho que entiendan. La mitad del día la pasan en “onda” y la otra mitad quitándose la “onda”. Se envalentonan, levantan castillos en el aire; soberbios, creen tener el mundo a sus pies. El tercer actor en esta escena es el crimen organizado, que se frota las manos frente a este cuadro, con derecho de picaporte en Casa Presidencial y varios ministerios y en el Congreso, y babea ante la irrepetible ventana de oportunidad que se le abrió este año: el cierre de la CICIG, el desbaratamiento de la CC y la neutralización de fiscales, jueces y magistrados independientes.

¿Será que tan negros los pecados de nuestras elites tradicionales que a esos brazos se lanzarán para intentar salvarse? En esa danza no tienen futuro. Están equivocados si creen que la CICIG e Iván Velásquez son los enemigos a vencer. Esperemos enero y febrero de 2019 cómo vienen las listas de Washington. Desde las más simbólicas que solo implican cancelación de visas, hasta las que duelen, porque incluyen la muerte comercial y la muerte civil, sea por corrupción y vínculos criminales, sea por violaciones de los derechos humanos.

Mientras viene un nuevo Congreso y otro gobierno y deciden aprobar un impuesto especial y temporal (2020/24) para recaudar Q70 millones al año destinados a cofinanciar a la CICIG, nuestras elites lúcidas (que las hay) bien podrían crear un fideicomiso a fin de contribuir en 2019 a dar soporte a los gastos operacionales de la Comisión. Jimmy Morales se llena la boca exigiendo rendición de cuentas (que su gobierno no practica), pero lo cierto es que el Estado de Guatemala no paga ni el alquiler de las oficinas de la CICIG, y escamotea su obligación contractual de proporcionar la mínima seguridad a sus instalaciones con agentes de la PNC.

La polarización social y política que hemos padecido in crescendo durante este año es en gran medida artificial, no tiene raíces profundas, pues está montada sobre bases falsas. La edificación del Estado de derecho no es una competencia política ni una contienda ideológica. Lo que ocurre es que se transforma en una inflexión y en crisis política porque implica acotar poder, dinero y privilegios ilegales e ilegítimos de los intocables: las más altas autoridades de gobierno, partidos políticos, corporaciones, sindicatos y otros grupos de interés. Y eso duele. En casi 200 años de vida republicana nunca ha ocurrido. Ahora comienza a ocurrir.

La crisis de implantación del Estado de derecho implica, además, cumplir, sin excepción, las reglas del juego establecidas en el contrato social de Guatemala, esto quiere decir, labrar una cultura de legalidad desde la familia y la escuela. Un Estado de derecho real produce cotidianamente –y no solo de manera excepcional, como ha sido desde 2015 a la fecha– la igualdad ante la ley, esto es, que la justicia deja de ser la serpiente que solo pica al descalzo y, en cambio, se aplica parejo, independiente del origen social, el nivel de poder político y los derechos de picaporte que siempre existen. Estado de derecho significa, finalmente, un razonable acceso a la justicia de las mujeres e indígenas (los más excluidos del sistema) y, además, que la ley sea percibida como justa por la sociedad, es decir, que tenga legitimidad. ¿Vamos a renunciar a vivir con ley y orden? No creo.

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