Jueves 13 DE Diciembre DE 2018
Opinión

Comenzó la discrecional inhabilitación de ciudadanos para presentarse como candidatos

— editorial
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Como habíamos anticipado en reiteradas oportunidades, el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado que 10 ciudadanos guatemaltecos no podrán optar a cargos de elección popular en virtud de que han publicitado su imagen personal a través de los medios de comunicación social, lo que supone una campaña electoral anticipada.

Los primeros ciudadanos inhabilitados por el RC para ser postulados e inscritos como candidatos a cargos de elección popular son: Milton Francisco Guerra Calderón, diputado del Frente de Convergencia Nacional; Ana Lucía Menéndez Montenegro de Oliva, alcaldesa de la cabecera departamental de Zacapa; Aníbal Fausto Maldonado Barrios, alcalde de Ocós, San Marcos; Juan Aguilar Ruiz, alcalde San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango; Carlos Reynabel Samayoa Urízar, Gobernador de Quiché; Byron Ronaldo Alvarado Marroquín, alcalde de Granados, Baja Verapaz; Josué Abel Pol Rojas, alcalde de Río Bravo, Suchitepéquez; Víctor Hugo Cifuentes Delgado, exalcalde de San Pedro Carchá; Moisés Escobar Salazar, excandidato a alcalde de Fraijanes; y Manuel de Jesús Delgado, alcalde de Mazatenango.

Esta decisión discrecional ha sido adoptada por el RC con base en lo que disponen los Artículos 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y 62 quárter del Reglamento de la LEPP, que, en su oportunidad, fueron impugnados por incompatibilidad con la Constitución ante la Corte de Constitucionalidad, aunque esta, insospechadamente, no se ha pronunciado al respecto.

El Artículo 94 Bis de LEPP dispone: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el Reglamento”; y, asimismo, el Artículo 62 quárter del Reglamento de la LEPP, en lo conducente, establece: “A quien (…) publicite su imagen, promoviendo su figura en época no electoral simulando noticias (infomerciales) o presentaciones apolíticas, o valiéndose para el efecto de organizaciones políticas, o utilizando a otras personas individuales y/o jurídicas, fundaciones, asociaciones lucrativas, y no lucrativas u otras entidades, o realizando otras actividades análogas, será sancionado (…)”.

Si la CC mantiene la vigencia de dichas disposiciones legal y reglamentaria veremos cómo la autoridad electoral, que no se ha caracterizado por su imparcial y neutralidad política en la imposición de sanciones a los partidos políticos, no inscribirá candidaturas a cargos de elección popular de manera discrecional y subjetiva, de oficio o atendiendo denuncias espurias, ilegítimas o políticas, extremo que no anticipa un proceso electoral justo y transparente.

En todo caso, preocupa sobremanera que esta potestad discrecional, subjetiva y notoriamente incompatible con la Constitución, ya que viola la libertad de emisión del pensamiento y los derechos a ser electo, optar a cargos públicos y participar en política, sea ejercida por la autoridad electoral para impedir que ciudadanos que han tenido un protagonismo relevante en la sociedad sean impedidos de competir en las próximas elecciones generales y que se aplique una suerte de justicia electoral selectiva: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas” (Benito Juárez).

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