Jueves 21 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Persiste intención de restablecer el delito de desacato

Fecha de publicación: 04-12-18
Por: editorial

En recientes declaraciones a la prensa, el diputado oficialista Estuardo Galdámez expresó que persistirá en su intención de criminalizar el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento.

Como se recordará, a finales del mes de octubre de este año, transcendió que los diputados Eva Monte Bac, Estuardo Galdámez, Delia Bac, Dolores Beltrán y Karla Martínez presentaron un proyecto de ley ante el Congreso, por medio del cual se pretende crear los delitos de acoso político y violencia política, que quedarían incorporados en los artículos 407 P y 407 Q del Código Penal.

Cometería el delito de acoso político quien realice actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad. El responsable sería sancionado con prisión de 2 a 3 años de cárcel. Asimismo, incurriría en el delito de violencia política quien realice una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función. El responsable sería sancionado con prisión de 2 a 5 años.

Además de que dichos delitos se incorporarían al Código Penal y no a la Ley de Emisión del Pensamiento, en contravención a lo que ordena el Artículo 35, párrafo séptimo, de la Constitución, que establece que todo lo relativo a libertad de emisión del pensamiento “se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento”, los mismos no se ajustan al Artículo 35, párrafo segundo, de la Constitución, que dispone: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Por otro lado, la Constitución dice que solo puede deducirse responsabilidades legales a quienes faltaren al respeto a la vida privada o a la moral, lo que no ocurre con las conductas punibles descritas en los delitos de acoso político y violencia política, que, inequívocamente, vendrían a sustituir el delito de desacato, que sancionaba a aquellos que ofendieran la dignidad o el decoro, faltaran el respeto, amenazaran, injuriaran o calumniaran a un funcionario o autoridad pública, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, ya sea de palabra o de hecho, en su presencia, por escrito o a través de un medio de comunicación social, que fue abolido por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 1 de febrero de 2006 (expediente 1122-2005).

Por tanto, dicho proyecto de ley adolece de notorias incompatibilidades con la Constitución, por lo que no debería ser ni siquiera discutido en el seno del Congreso, menos aprobado. Sin embargo, el congresista Galdámez sostiene que su intención es hacer el referido proyecto de ley “más drástico, así es que todos aquellos que escriben en redes sociales identificados con una máscara, con un nombre ficticio o apodo serían perseguidos por el Ministerio Público”. Agrega el diputado Galdámez que debe castigarse a toda aquella persona “que utilice cualquier medio o modo –particularmente digital– y atente contra la honorabilidad de las personas sin fundamento alguno” (Prensa Libre).

De cara a esta iniciativa de ley, la ciudadanía debe tener presente que la libertad de emisión del pensamiento no solo es patrimonio jurídico y moral de los periodistas y comunicadores, sino que también lo es de todos los ciudadanos, porque todos estos tienen la libertad de expresión de ideas y a todos se les restringiría.