Lunes 10 DE Diciembre DE 2018
Opinión

Corrupción y derechos humanos

Ahora está claro que la corrupción trae consigo una vulneración y violación de los derechos humanos en las sociedades donde ocurre como fenómeno sistémico.

— Manfredo Marroquín
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Los próximos 9 y 10 de diciembre respectivamente se celebran en todo el mundo, los días internacionales de lucha contra la corrupción y de los derechos humanos. Para Guatemala y especialmente para los tomadores de decisión debería ser una ocasión que amerite una reflexión sobre el estado de situación en ambos temas, pero sobre todo de la relación existente entre corrupción y derechos humanos de cara al compromiso asumido en los objetivos de desarrollo sostenible.

Ha sido hasta hace pocos años que se empezó a hilvanar la conexión que existe entre ambos fenómenos ya que tradicionalmente a nivel de convenciones sobre derechos humanos no se solía hacer referencia a la corrupción como una amenaza al respeto y vigencia de los mismos. Ahora está claro que la corrupción trae consigo una vulneración y violación de los derechos humanos en las sociedades donde ocurre como fenómeno sistémico ya que violenta principios básicos de la convivencia democrática como la alteración de la igualdad ante la ley ya que quienes se benefician de la corrupción logran privatizar el interés general que debería privar en los asuntos de interés nacional.

En países como Guatemala la corrupción deja sin acceso a servicios básicos de educación, salud, infraestructura a millones de personas que son víctimas del reparto discrecional y mala calidad del gasto que se orquesta desde los altos niveles del Estado como el recién aprobado presupuesto para el año 2019, que privilegia bolsones de gasto controlados por operadores políticos al servicio de la corrupción.

A nivel internacional empieza a funcionar un entramado de nuevas herramientas y disposiciones para no ir tan lejos vemos como la iniciativa global Magnitsky aprobada por el Congreso de Estados Unidos crea y aplica sanciones a personas en todo el mundo sospechosas de cometer abusos o violaciones de derechos humanos y/o aprovechar su poder para orquestar negocios corruptos, creando un régimen de castigos y sanciones que significan la muerte civil de los implicados y la confiscación de sus bienes.

En el pasado no muy lejano los regímenes que violaban sistemáticamente los derechos humanos de sus habitantes siempre alegaban intervención y violación de soberanía para ocultar las atrocidades que cometían sus autoridades. Lo mismo está ocurriendo más actualmente con gobiernos que protegen y hacen parte de sociedades castigadas por Gran Corrupción, invocan la defensa de soberanía para impedir que se descubran los delitos de corrupción que se comenten en sus filas.

Lo que no se dan cuenta es que tanto la violación sistemática de los derechos humanos como la comisión de delitos de corrupción ya son vistos como amenaza a la paz y seguridad internacional y no solo con implicaciones internas. Veremos que dicen los personajes que engrosen las listas Magnitsky y la aprobada este año por el Congreso de Estados Unidos para funcionarios y personas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, cuando se enteren que ya no es suficiente para mantener su impunidad cooptar las instituciones nacionales pues por más que sigan invocando soberanía, sus delitos ya son considerados una amenaza trasnacional.

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