Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Tribunal Constitucional

El manejo de los amparos ha sido controversial.

Fecha de publicación: 03-12-18
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

 

El principio de la supremacía constitucional supone que la Constitución es el valor normativo superior del Estado y que ésta determina la validez formal y material de todas las demás regulaciones de inferior jerarquía. Por consiguiente, la Constitución es el parámetro del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias y disposiciones de observancia general.

Al Tribunal Constitucional le corresponde hacer efectiva la supremacía constitucional, función a la que le es inherente la interpretación de los preceptos constitucionales y el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y otras normas de rango inferior. De suerte que dicho Tribunal también debe establecer si existe o no compatibilidad entre la Constitución y las demás normas jurídicas, así como opinar sobre si los proyectos de ley, gubernativos o administrativos se ajustan o no a la Constitución.

El Tribunal Constitucional, como fiel intérprete de la Constitución y en su calidad de “legislador negativo”, al verificar la incompatibilidad entre la norma impugnada y la Constitución, debe proceder a declarar sin vigencia la norma inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico; o, en casos concretos, declararla inaplicable. En Guatemala, en la Constitución de 1965 se establece, por primera vez, la Corte de Constitucionalidad (CC), con la función específica de “conocer de los recursos que se interpongan contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad”; sin embargo, las impugnaciones de inconstitucionalidad en casos concretos las debían resolver los tribunales ante los que se tramitaban los asuntos, al igual que se regulaba en la Constitución de 1945.

En la Constitución de 1985 se determina que la CC es un tribunal de justicia cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Se le atribuye el conocimiento de las impugnaciones de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones, así como, en segunda instancia, de las impugnaciones en casos concretos. También le corresponde conocer, en única o segunda instancia, todas las denuncias de amenazas o violaciones de los derechos fundamentales de las personas, por la vía del amparo.

La CC, bajo la Constitución de 1965, se ubicaba dentro del Organismo Judicial (OJ), aunque no como parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el modelo estadounidense, sino integrada casuísticamente por 12 magistrados, 5 magistrados de la CSJ y 7 magistrados de la Corte de Apelaciones (CA); en tanto que la CC en la Constitución de 1985 es un tribunal constituido fuera del OJ, según el modelo austríaco, integrado por 10 magistrados (5 titulares y 5 suplentes) elegidos por el Ejecutivo, el Congreso, la CSJ, la USAC y el Colegio de Abogados.

El manejo de los amparos ha sido controversial desde que se instaló la actual CC en 1986. La comunidad jurídica percibe que algunos criterios sui generis sobre jurisdicción, legitimación, pertinencia y procedencia no son razonables o justos. Por ejemplo, se cuestiona que la CC, al resolver amparos presentados por el gobierno, deje sin efecto o sustituya sentencias de casación emitidas por la CSJ, en ejercicio del control de legalidad, haciendo caso omiso de que el amparo es un medio de defensa de los gobernados y no una instancia revisora a favor de los intereses estatales. En todo caso, lo relevante no es que el Tribunal Constitucional se constituya fuera del OJ, se integre con magistrados de la CSJ y de la CA o por otros, o que sea una cámara de la CSJ, sino que las magistraturas de lo constitucional se otorguen con base en comprobados méritos de capacidad, idoneidad y honradez, que el desempeño de dichos cargos esté sujeto a inequívocos y justiciables límites constitucionales y legales, así como que los magistrados respondan legalmente por su conducta oficial.