Martes 21 DE Mayo DE 2019
Opinión

El test del Estado de derecho

Que la jueza y el fiscal actúen con independencia.

Fecha de publicación: 26-11-18
— Édgar Gutiérrez

Hacía tiempo que las cámaras patronales no salían en pleno a plantar cara y resonar la voz de su poder e influencia. Solían hacerlo cada vez que el gobierno de turno encaminaba una reforma tributaria sin su consentimiento. Promovían marchas, declaraban huelgas y en el último año del gobierno de la Democracia Cristiana decidieron el impago de impuestos y para flotar las autoridades echaron a andar la maquinita (emisión inorgánica de dinero), por eso la inflación brincó al 60 por ciento en 1990. El siguiente gobierno, encabezado por Jorge Serrano, les concedió una amnistía fiscal, aunque después se pelearon desencadenándose la historia ya conocida del golpe de Estado en mayo de 1993.

Entre las últimas imágenes que conservo de la cúpula empresarial real y formal enviando un mensaje de poder y unidad, es la que demanda el esclarecimiento del asesinato del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie en abril de 2009. Está más fresco en la memoria la crisis política que se desencadenó cuando en el sepelio del abogado Rodrigo Rosenberg, Luis Mendizábal, ahora prófugo, distribuyó el video del difunto en el que responsabilizaba a las más altas autoridades del gobierno de la cadena de muertes que enlutó a esas familias. El gobierno de la UNE estuvo a punto de derrumbarse, pero la CICIG dirigida por Carlos Castresana tomó el caso y sus conclusiones salvaron a la administración de Álvaro Colom, y hubo varios disconformes.

La semana pasada los directores de CACIF se pronunciaron sobre la independencia judicial, exigiendo pulcritud, y en un editorial de televisión Dionisio Gutiérrez –que había venido apoyando resueltamente a la CICIG– reclamó que se estaba aplicando justicia selectiva al juzgar casos ya juzgados y dejando otros en el olvido (en referencia a la UNE y su lideresa, Sandra Torres). El telón de fondo es la acusación en marcha en contra del ministro de Gobernación (2004-7) Carlos Vielmann, por el llamado caso ‘El Infiernito’, una presunta cacería ilegal de reos de alto riesgo. Vielmann y sus cercanos colaboradores, el director policial Erwin Sperisen, y el subdirector de investigaciones Javier Figueroa salieron de Guatemala en agosto de 2010 tras una grave sindicación de la CICIG.

En esos días la CICIG, a través de un comunicado, denunció que un aparato clandestino conformado desde los altos puestos de Gobernación y la PNC había conducido, entre julio de 2004 y febrero de 2007, “una actividad criminal continuada en delitos de asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de droga, entre otros”. Por el llamado caso Pavón, los tres exfuncionarios fueron juzgados en tribunales europeos. Vielmann (en España) y Figueroa (en Austria) quedaron absueltos, y Sperisen (en Suiza) fue condenado. En abril de 2017 Vielmann regresó a Guatemala y fue capturado el 28 de octubre pasado por esta nueva sindicación. Su círculo de amistades empresariales con enorme poder ha reaccionado con agresividad.

La presión pública complementa la privada. A veces la información que recibe esa cúpula está montada sobre prejuicios y simplemente es falsa, pero sirve supuestamente para identificar quién se las paga. El “modo guerra” de la cúpula empresarial alienta las declaraciones increíblemente irresponsables de Jimmy Morales y de su extensión en el Congreso, el Pacto de Corruptos, desafiando el orden constitucional. La historia reciente dice que cada plantón de los patronos genera sismos con consecuencias para todos. Ahora lo que está en juego es la viabilidad del Estado de derecho. En efecto, debemos velar que la jueza Domínguez juzgue con independencia y sin presiones, y que el fiscal Juan Francisco Sandoval opere sin sombras de amenazas y sin que le erosionen personal y recursos en el MP.