Jueves 13 DE Diciembre DE 2018
Opinión

Nuestra soberanía

Cada uno de los tres poderes del Estado es responsable de cualquier acción que le quite el poder o función otorgado por la Constitución.

— Jaime Francisco Arimany Ruiz
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Celebramos la Revolución de Octubre que trajo en 1945 cambios importantes, como una nueva Constitución, siendo modificada en 1956, 1965, 1985 y reformada en 1993, pero sin variar los principios básicos sobre soberanía, libertad y límites morales en la creación de nuevas leyes, las cuales una vez aprobadas por el Congreso, obligan al cumplimiento de las mismas, tanto a gobernantes como a civiles.

El Estado está administrado por tres poderes: el Organismo Ejecutivo, el cual está integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente, el Consejo de Ministros y las entidades públicas correspondientes a este organismo; el Legislativo, siendo el Congreso de la República el que tiene la potestad, a través de sus 158 diputados, como su nombre lo indica, a legislar y a ejercer el control y aprobación del presupuesto nacional; y, el Judicial, que vela porque se cumpla la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso, siendo dirigido por la Corte Suprema de Justicia, la cual se divide en tres Cámaras: la Civil, la Penal y la de Amparo y Antejuicios.

Estos organismos tienen la responsabilidad del control de las acciones del gobierno, por lo tanto, no puede ningún otro organismo tener mayor poder en su campo, si esto sucediera por la intervención de extranjeros, se estaría perdiendo, precisamente, la soberanía de nuestro país.

Cada uno de los tres poderes del Estado es responsable de cualquier acción que le quite el poder o función otorgado por la Constitución, por ello, no puede venir un organismo creado sin la aprobación del pueblo de Guatemala, a ejercer un mando superior al que otorga la Carta Magna. Ello no quiere decir, que uno de los organismos no pueda solicitar asesorías o hacer arreglos internacionales para ayudar en el trabajo o en la planeación de cada uno de ellos, pero nunca puede ser superior en autoridad y poder al de quienes fueron electos por el pueblo.

En el pasado nuestro país sufrió de abuso de autoridad, que fue incrementándose gobierno tras gobierno, llegando personas corruptas a ejercer el mando en los tres poderes; en vista de ello, alguien llegó a la conclusión de que se debía solicitar ayuda a una organización internacional para encontrar y eliminar precisamente, los abusos en los casos judiciales, políticos y económicos.

La aceptación de que hubiera un organismo internacional dirigido por 192 países, para ayudar a resolver los abusos es creativa, pero no poner límites a los dirigentes extranjeros o nacionales de la misma, se podría considerar como una traición a la patria por ceder nuestra soberanía; por lo cual, quienes en el participaron, deberían estar preocupados de poder llegar a ser sometidos a juicio en el futuro.

Razonemos: ¿Qué le sucedería al que quisiera entrar por la fuerza a la Casa Blanca, EE. UU.; a Los Pinos, México; a La Casona, Venezuela; a Quinta Presidencial de Olivos, Argentina; al Palacio del Elíseo, Francia; al Gran Palacio del Kremlin, Rusia; al Palacio Real al-Yamamah, Arabia Saudita; etcétera, etcétera?

Los encargados de Casa Presidencial deberían haber impedido el ingreso hasta que lo aprobara el presidente o en su ausencia, el vicepresidente. Es obligación no permitir entrar a quien fuere sin autorización y, si vinieran armados, enfrentarlos con las armas o pidiendo ayuda a la Policía y al Ejercito.

El Ejército, ya harto de los abusos, por fin demostró su posición patriótica al ejercer su obligación, saliendo a la calle en apoyo al jefe máximo del Ejecutivo, el Presidente de la República.

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