Domingo 15 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Reforma constitucional de 1993

Se viabilizó la adopción del proceso penal acusatorio.

Fecha de publicación: 12-11-18
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

 

Hace 25 años, el Congreso, mediante el Acuerdo Legislativo 18-93 de fecha 17 de noviembre de 1993, aprobó un proyecto de reforma constitucional consensuado entre el Presidente Ramiro De León Carpio (1993-6) y los partidos representados en el Congreso, cuya base fue la propuesta del gobernante De León Carpio, que fue elaborada por una comisión técnica independiente, integrada por los abogados Luis Beltranena Valladares (qepd), Fernando Quesada Toruño y mi persona. Dicha enmienda fue ratificada en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994.

A través de la referida modificación constitucional se dieron por terminados los periodos y funciones de los diputados y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), como respuesta al clamor popular por la depuración de los Organismos Legislativo y Judicial, originada del “autogolpe de Estado” perpetrado por el exgobernante Jorge Serrano (1991-3) el 25 de mayo de 1993. Asimismo, se incorporó en la Constitución que la CSJ debe resolver el antejuicio de los diputados (y no el Congreso), determinación que abrió la puerta para que los congresistas pudieran ser despojados de su inmunidad y enjuiciados penalmente.

Por otro lado, se viabilizó la adopción del proceso penal acusatorio, que se sustenta en el juez imparcial, la igualdad de las partes y la presunción de inocencia, a través de la creación de la figura del Fiscal General de la República, a quien se confirió la jefatura del Ministerio Público (MP) y el ejercicio de la acción penal pública, así como de la separación institucional del MP y de la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, el 1 de julio de 1994, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.

Además, se estableció que todos los magistrados de la CSJ debían ser elegidos por el Congreso de una nómina de candidatos elaborada por la comisión de postulación; antes de la enmienda, el Congreso elegía directamente a la mayoría de magistrados. Se aumentó de 9 a 13 el número de magistrados de la CSJ, a fin de que se creara una cámara administrativa de la CSJ, lo que no ocurrió. También se estableció una comisión de postulación (cuyo número de miembros fue mayor al recomendado por la comisión técnica independiente), en lugar de la CSJ, para que elabore la nómina de candidatos a magistrados de la CA, de los que el Congreso debe elegir a los magistrados, en el marco de la carrera judicial, y así quedó regulado en la Ley de la Carrera Judicial. Empero, este mandato fue declarado inaplicable por la Corte de Constitucionalidad (CC) y sustituido por la evaluación subjetiva de aspirantes prevista en la Ley de Comisiones de Postulación.

Otra enmienda importante que quedó incorporada en la Constitución es la prohibición al Banguat de otorgar “financiamiento directo o indirecto; garantía o aval al Estado”, que se traduce en la imposibilidad de la emisión monetaria inorgánica, que ha sido el detonante inflacionario y devaluatorio a lo largo de la historia universal. En todo caso, quedó pendiente la adopción del principio de equilibrio presupuestario, que evitaría el endeudamiento público ilimitado.

Además, se incorporó en la Constitución que el antejuicio de los magistrados de la CC debe ser resuelto por el Congreso. Antes de la reforma, no se establecía qué órgano debía conocer el antejuicio contra dichos magistrados, lo que suponía un vacío intolerable. Sin embargo, los magistrados de la CC, a través de una interpretación antojadiza de la Ley de Antejuicio, inventaron una etapa intermedia que habilitó el “autoamparo” a su favor.

Algunas otras reformas positivas fueron la prohibición de los gastos confidenciales, la obligación de publicar el presupuesto estatal y su ejecución analítica, así como la obligación de los funcionarios de rendir cuentas ante el Congreso, no así la presidencia rotativa anual de la CSJ, que no estaba prevista en la propuesta presidencial, que, por cierto, también fue adoptada en 2016 para el Tribunal Supremo Electoral.