Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Crónica de una iniciativa fallida

Reiterando….

— Álvaro Castellanos Howell
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La semana pasada dediqué la columna a un tema que esperaba que fuese una broma.

Pero lamentablemente, no lo es.

Sí existe una iniciativa que propone aprobar reformas al Código Penal, con el fin de criminalizar, entre otras cosas, comportamientos “hostiles” contra candidatos, funcionarios electos y funcionarios ya en ejercicio de funciones.

Entre los actos hostiles, entiendo que se propone crear un nuevo delito llamado “acoso político” que lo cometería quien realice actos de hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de la función política, durante o después del proceso electoral, por cualquier medio de difusión y/o en plataformas digitales, con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o que lo induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad.

La sanción prevista es de dos a tres años y si el delito fuere cometido por empleados o representantes legales de personas jurídicas o empresas (todos los medios de comunicación y plataformas digitales son empresas o personas jurídicas), se prevé la cancelación de dichas entidades, si hubiese reincidencia.

Esto último es una verdadera amenaza directa a medios de comunicación y
plataformas digitales.

Por ejemplo, un simple “meme” en WhatsApp, que contenga una acérrima crítica a un candidato o un funcionario, puede ser, según esta iniciativa, un acoso o agresión política.

En ningún país civilizado y desarrollado, se criminaliza la expresión y mucho menos, si se trata de críticas a funcionarios o empleados públicos.

En todo caso, cuando el honor o la reputación son mancilladas, es decir, cuando se miente deliberadamente sobre alguien o algo, el responsable (e irresponsable en el uso de su libertad de expresión) debe reparar el daño causado, pero mediante indemnización monetaria. Es decir, el tema es en todo caso, civil, pero jamás, penal.

Señores diputados ponentes, como ciudadano, les sugiero estudiar a profundidad la información disponible en el Observatorio Regional sobre Legislación en Libertad de Expresión en Latinoamérica, (observatoriolegislativocele.com), así como documentos sobre jurisprudencia en materia de libre expresión disponibles en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La información que ahí obtengan, les llevará a la inevitable conclusión que su iniciativa no es viable constitucionalmente. Recuerden también la extinción de los delitos de desacato en Guatemala, por haberse declarado inconstitucionales.

¿Aún están a tiempo para retirar su iniciativa?

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