Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Financiamiento electoral irregular

— editorial
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El pasado martes, cobró vigencia el Decreto # 23-2018 del Congreso, por medio del cual se reforma el Artículo 407 N del Código Penal, que contiene el delito de financiamiento electoral ilícito, y se adiciona el Artículo 407 O del Código Penal, a través del que se crea el delito de financiamiento electoral no registrado. Dicho Decreto fue aprobado por el Congreso el 18 de octubre de 2018, sancionado por el Presidente de la República el 2 de noviembre de 2018 y publicado en el Diario Oficial el 5 de noviembre de 2018.

La reforma del Artículo 407 N del Código Penal consiste en la supresión del párrafo segundo, que decía textualmente: “Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”, cuya reforma fue exhortada por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 12 de febrero de 2018 (expediente # 2951-2017).

En dicho texto, de pésima manufactura por cierto, no estaba claro quién era el responsable de la comisión del delito, si el que dona o aporta y el que la recibe, o solamente el que la recibe, ni tampoco estaba claro quién era el responsable de que no se hubiese registrado la aportación en los libros del partido.

El Artículo 407 O del Código Penal quedó así: “Financiamiento electoral no registrado. Quien consienta o reciba aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales. Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, hasta por un periodo de cinco años. Las acciones administrativas no constitutivas de delito serán sancionadas conforme lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Si bien en esta disposición legal queda claro que es responsable de la comisión del delito de financiamiento de electoral no registrado tanto el que aporta, sin acreditar su identidad, como el que recibe contribuciones dinerarias o no dinerarias sin reportarlas para su registro, quedó el vacío de que en la infracción penal solamente se abarca el financiamiento de las “actividades permanentes de las organizaciones políticas o de campaña electoral”, quedado por fuera las 36 horas antes de la fecha de celebración de las elecciones y el mismo día de los comicios, previstas en el Artículo 196, párrafo primero, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

A la luz del Artículo 15 de la Constitución que establece que “la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”, los procedimientos investigativos sujetos a control jurisdiccional o los procesos penales iniciados contra sindicados y acusados por la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito contenido en el Artículo 407, párrafo segundo, del Código Penal, que fue suprimido o derogado por el Decreto de marras, podrían ser sobreseídos o archivados.

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