Lunes 15 DE Julio DE 2019
Opinión

Extraviado en el laberinto de la minera

Justificación preliminar a mis amables consultantes: Recién publicada la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad con relación al amparo en el caso de la minera extractiva San Rafael, fueron varias las convocatorias de medios de prensa invitándome a comparecer a entrevistas en vivo acerca del tema.

Tuve la pena de no poder colaborar en esa tarea por un simple y razonable motivo quirúrgico: no meter a ciegas tijera ni bisturí sin tener a mano la(s) tomografía(s) del caso.

Fecha de publicación: 26-10-18
Por: Alejandro Maldonado Aguirre

 

El amparo fue introducido con el registro 4785-2017, interpuesto por la organización no gubernamental conocida por sus siglas CALAS contra el Ministerio de Energía y Minas reclamando discriminación y violación del derecho de consulta a los pueblos indígenas Xincas de los departamentos de Santa Rosa y de Jalapa, derivada del otorgamiento de licencias de exploración “Juan Bosco” el 24 de abril de 2012 por la Dirección General de Minería, y de explotación “Escobal” de 3 de abril de 2013 por el Ministerio indicado. Coadyuvaron con la impugnación casi mil ciudadanos, debidamente identificados. Como contrapartes participaron cinco sociedades mercantiles. Por si esto fuera poco, aunque no invitados al proceso, se personaron once organizaciones civiles en calidad de “amigos del juez”, aportando sus respectivas exposiciones. Dos universidades del país, por medio de sus unidades especializadas, tuvieron encargo de hacer estudios de linajes antropológicos, y otras unidades técnicas examinaron los temas ambientales. El expediente en total acumuló cinco mil cuatrocientos veintiocho (5,428) folios.

Un sistema sumamente confiable de selección informática asigna la magistratura que, por dicha suerte electrónica, tendrá a su cargo el estudio del expediente. Se decide así quién habrá de ser el afortunado (en muchos casos, lo contrario) ponente del caso. Bien puede tocarle un amparo de los del montón, incluyendo aquellos cuyo trámite ha de suspenderse por su evidente improcedencia, o alguno más enredado tanto por lo complejo de la contienda o por la astucia argumental de los actores. Suelen los tribunales constitucionales que resolver asuntos cruciales para determinados colectivos que buscan acomodo jurídico a sus respectivas visiones morales de existencia: por ejemplo, impedir que una vida en ciernes pueda tener existencia o, por lo contrario, mantener artificialmente una vida que ha perdido totalmente su discernimiento.

Incómodo para los jueces, por no decir que, en algunas circunstancias, sea dramático y angustioso resolver acerca de cuestiones tan confrontadas dentro de una sociedad compleja, plural y, por esto, hasta beligerante en sus intereses y apreciaciones. Por ejemplo de estas disyuntivas cruciales: ¿Cómo abordaron, respectivamente, los jueces los casos de Terri Schiavo o del niño nacido en un hogar de los Testigos de Jehová? En el primero, se decidió que después de muchos años de mantenerla con vida alimentada e hidratada solo por sondas, estas conexiones debían suspenderse por no haber posibilidad de que recuperara su conciencia vital. En el segundo, los padres del menor de trece años, profesantes de aquella religión, negaron su autorización para la transfusión de sangre necesaria para su sobrevivencia. Desde luego, los asuntos suscitaron una amplísima discusión pública pero los respectivos jueces actuaron con reconocida legitimidad.

Por esas cosas que suceden en todo el mundo de la justicia humana, se asume la enorme dificultad que los tribunales tienen para decidir cuestiones altamente controversiales, en especial en estadios de evidente pugnacidad ideológico-partidarista. La impartición de justicia también está expuesta a condicionamientos sectarios y linchamientos morales, e incluso a la presión sesgada que implica el aplauso por decisiones esperadas, tan incorrectos los unos como los otros.

Los magistrados cuando asumen quizás no han previsto que al prestar su juramento entran a una curia de doble puerta, hasta que la realidad de los casos les revela, por las ovaciones o por las rechiflas, que no son pocos los ciudadanos que suponen que la Constitución se redactó conforme palpan, respiran y degustan las normas a su propia conveniencia, su cultura, sus tendencias, su plan de vida y sus intereses. Esto es que esperan un servicio “a la carta”. Sabido es que no existe ninguna asociación humana tan idéntica y tan común a la que acomode la misma talla, y no por cuestiones de gusto o de estética, sino por la muy natural diferencia de sentir, querer y aspirar. Esas concesiones de clase o de intereses no las logran las dictaduras totalitarias y mucho menos las democracias que, mientras más desarrolladas, mayores canales de expresión van a tener, incluyendo la tolerancia a sus detractores.

Creo que el magistrado, en tanto profesional, tiene sentido de la realidad; y, en cuanto jurista, la sabiduría de los valores del Derecho. Debo reparar en uno de estos que, aunque decantado, siempre moderará sus impulsos muy humanos hacia su propia visión ciudadana: partir de los principios y analizar con rigor metódico los casos. Esto es, identificar lo real y resolver con estricto sentido jurídico. Según esta perspectiva, quizá se abre la reflexión de lo que Pérez-Reverte define de sí mismo: “Yo no tengo ideología; lo que tengo es biblioteca”.

Que sean los políticos quienes se ocupen de las teorías políticas y que se atrevan a navegar por las procelosas aguas de la especulación. El problema del método para esclarecer la verdad legal, que es un presupuesto para determinar la seguridad, queda en manos del tribunal habilitado para requerir y valorar la prueba de los hechos esgrimidos. El rigor para examinar minuciosamente la ley y los hechos, es claro que tiene su base en la técnica racional de los peritos del Derecho. Bienvenidas las publicaciones y las manifestaciones externas que constituyen medios de la libre expresión de intereses más que de ideas. Son derechos constitucionales y mal haría que su vigilante institucional hubiera de reprimirlas o despreciarlas. Recordando, desde luego, que nada de esto releva su responsabilidad de supremo intérprete constitucional, unánime o con disidencias, para dirimir una cuestión de justicia sustentada en la seguridad.

Estas razones me obligaron a no emitir anticipadas opiniones de un expediente complejo y de singular volumen, con abundancia de dictámenes solicitados a entes académicos, quizás el más grueso en folios que haya visto la Corte. En cuanto al fondo, más me inspiran palabras del exconstituyente indígena Mauricio Quixtán, que alguna vez, luciendo su traje originario de Almolonga. nos dijo: “Somos un pueblo pobre y triste sentado sobre montañas de oro”.

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