Domingo 15 DE Septiembre DE 2019
Opinión

¿Austeridad o agresión?

Un mensaje para futuras Comisiones de Postulación.

Fecha de publicación: 26-10-18
Por: Álvaro Castellanos Howell

 

Entiendo que en la discusión sobre el posible nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2019, se está contemplando una reducción para el sector justicia y seguridad.

Para empezar, hablar de “justicia y seguridad” como un todo, no necesariamente es lo mejor. Porque diluye la atención específica sobre asignación de recursos que se le debe dar a cada uno de estos servicios públicos.

¿Qué porcentaje del PIB invierte Guatemala en el Organismo Judicial? No pude obtener esta información con certeza suficiente para publicarla.

Mas, sin embargo, una forma un tanto elocuente y práctica de intuir cómo estamos, es conocer este dato: en Guatemala, hay seis jueces por cada cien mil habitantes, cuando la media regional es de 17. (Fuente: CIEN)

Por supuesto, gastar más no supone
obtener mejores resultados.

Algunos expertos consideran que la mejora en este vital servicio público pasa mucho más por mejorar procedimientos y tener un sistema de reconocimientos por eficiencia.

La Comisión Europea publicó en el 2017 un informe sobre la calidad de los sistemas judiciales del viejo continente. Pone de manifiesto que el tiempo de espera para la resolución de litigios difiere bastante entre los distintos países miembros de la UE.

Por ejemplo, un danés espera poco más de dos semanas hasta que el caso quede visto para sentencia, mientras que un portugués enfrenta plazos cercanos a los 700 días. En Guatemala, en proceso civil, esos plazos podrían tomar fácilmente de 1,800 a 2,500 días.

Estas “pinceladas” de datos, son solamente para estar conscientes que, una forma de buscar y fomentar impunidad, es reduciendo los recursos asignados a los tribunales del Estado.

No obstante ello, hay países que han demostrado que, aun ante un recorte presupuestario, legítimo o ilegítimo, han logrado mejores eficiencias y resultados en su administración de justicia. ¿Por qué? Por dos razones, esencialmente: a) funcionarios con verdadera vocación de servicio y cultura de transparencia; y b) personas altamente preparadas profesionalmente y con
reconocida honorabilidad.

Ante las circunstancias actuales, lo nuestro, ¿es un plan de austeridad? Lo aparentemente lógico pensar, es que el recorte presupuestario no es eso, sino un acto intencional de debilitar las instancias judiciales. Si eso fuese así, ¿contaremos con los jueces y magistrados que den la talla ante cualquier circunstancia?

Es un acto suicida colectivo atentar contra la justicia. Pero es ella misma la que puede evitarlo.