Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Opinión

¿Hacia un gobierno de jueces?

La jurisdicción debe ser imparcial y neutral.

Fecha de publicación: 01-10-18
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El sistema gobierno republicano, adoptado por la Constitución de Guatemala, se fundamenta en la soberanía de la ley, es decir en el gobierno de leyes y no de individuos (hombres, mujeres, políticos, militares, profesionales, técnicos, burócratas, empresarios, obreros, maestros, campesinos, ladinos, indígenas, etcétera).

Por supuesto, la ley no debe entenderse como cualquier regla que se impone arbitrariamente a una colectividad, sino que es todo precepto legítimo y justo. Un precepto es legítimo cuando se dicta en el marco de un debido proceso legislativo; y, asimismo, es justo en la medida en que la norma sea abstracta, general, impersonal, razonable y que responda y sea pertinente a la realidad e historia de la comunidad en la que regirá.

Por tanto, el sistema republicano de gobierno es garante del Estado de Derecho, del imperio de la ley, que supone una jerarquía normativa subordinada a una ley suprema, la Constitución (que confiere validez formal y material a todas las otras normas), la plena vigencia y respeto de las libertades y derechos fundamentales de las personas, así como la subordinación o sujeción de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley.

En ese marco conceptual de referencia, la función de los tribunales de justicia se circunscribe a interpretar y aplicar las leyes a los casos concretos, en suma a administrar justicia pronta y cumplida, en un plano de absoluta neutralidad política, independencia de criterio, imparcialidad y neutralidad en el plano ideológico-político. O sea que no son atribuciones de los jueces gobernar, administrar los recursos estatales, legislar, conciliar intereses políticos, ser factores de aceleración del cambio social, ni mucho menos facilitar atajos a la ley o soluciones extralegales.

Luego, no es lógico suponer la existencia de una suerte de “gobierno de jueces”, propenso a una insensata judicialización de la acción política, del gobierno, de la administración pública y de la legislatura, es decir predispuesto a emitir fallos judiciales que hagan valer un presunto poder o dominio político de los jueces, al punto de plantear que la Constitución y las leyes dicen lo que los juzgadores dicen que dicen. En otras palabras, un activismo judicial que busca reemplazar la acción política (que está legitimada por el sufragio ejercido en elecciones justas, legítimas y limpias), compartir o asumir la conducción política del país, así como trascender del ámbito de la inexorable sujeción a la Constitución y la ley al campo de la discrecionalidad absoluta y de la prevaricación sin más.

No dudo que, en alguna medida, el surgimiento del activismo judicial obedezca a los vacíos de autoridad y graves problemas irresueltos que ha dejado tras de sí la mediocre, corrupta y perversa clase política, cuya deriva ha sido el ejercicio del poder público con miras a un aprovechamiento de los cargos públicos y a un enriquecimiento ilícito desaforado, relegando con ello a un segundo plano el interés general, la realización del bien común y la consecución de la paz social.

De ahí que algunos juzgadores, animados por convicciones ideológicas y políticas, sin reparar en que no han sido electos en comicios populares y olvidando que la jurisdicción debe ser imparcial (garantía de que el juez no favorezca a una de las partes en un juicio) y neutral al juego político-partidista, han venido cayendo en la tentación de parcializarse y, asimismo, de arrogarse el ejercicio del poder político, llegando al extremo de pretender imponerse sobre los otros organismos estatales y gobernar sin más. En mi opinión, la solución está en rehabilitar la política y no en suplantarla.

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