Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Disfuncionalidad de la justicia

Sin justicia eficaz no habrá paz ni prosperidad.

— MARIO FUENTES DESTARAC
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Todas las discusiones en torno a la ingobernabilidad, la inestabilidad institucional y la espiral de conflictividad en que estamos sumidos, siempre concluyen en que sin justicia no habrá paz en Guatemala.

De suerte que la única salida a la crisis recurrente es fortalecer la justicia oficial, para lo cual resulta esencial que los tribunales y las instituciones auxiliares de la administración de justicia, como el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), gocen, en principio, de independencia funcional y económica, a fin de que sus decisiones y actuaciones sean totalmente imparciales y que puedan adoptar una actitud de efectiva neutralidad de cara a la acción ideológico política.

Si la justicia oficial no es suficientemente fuerte y autónoma, se abre la puerta no solo a la impunidad (ausencia de castigo), sino que también a las presiones e injerencias políticas o provenientes de poderes fácticos, con miras a asegurar el abuso de poder, la arbitrariedad y la opresión, que son propios de los regímenes despóticos o democráticos disfuncionales.

En nuestro país, el Estado de Derecho sigue siendo débil y disfuncional. Débil, porque la justicia oficial, que es la columna vertebral del Estado de Derecho, no es prioritaria ni totalmente autónoma; y disfuncional, porque la administración de justicia, además de errática y arbitraria, acusa una grave complicidad con la corrupción, el abuso, la impunidad y el despotismo.

La politización de la justicia y la judicialización de la política son dos disfuncionalidades elocuentes del sistema de justicia. La politización de la justicia se presenta cuando la justicia depende o está subordinada al poder político o fáctico. Son manifestaciones de politización de la justicia cuando los políticos, sus financistas o los poderes fácticos designan o inciden en la designación de los juzgadores, controlan la asignación y ejecución presupuestaria de las instituciones del sector justicia, o despojan de inmunidad a funcionarios judiciales, por motivos espurios, políticos o ilegítimos.

Por otro lado, la judicialización de la política se traduce en la injerencia judicial arbitraria en el ejercicio de la acción política, en la persecución judicial injusta o ilegítima de opositores, disidentes y enemigos, en el acoso judicial contra periodistas y comunicadores, en la sustitución de la negociación política por la decisión judicial, dando lugar al gobierno de los jueces, y en el activismo judicial, que se manifiesta a través de fallos que so pretexto de privilegiar el bien común irrespetan los mandatos constitucionales, así como de juzgadores que se ven a sí mismos como factores de aceleración del cambio social.

De ahí la importancia que tiene propugnar porque los tribunales y demás instituciones auxiliares de la administración de justicia, como el MP, el IDPP y el Inacif, se integren con base en el mérito (capacidad, idoneidad y honradez), la entereza personal, la independencia de criterio, la vocación de servicio, el testimonio de vida, la plena convicción de sujeción a los límites constitucionales y legales, así como en un índice de inteligencia emocional satisfactorio.

En conclusión, si el Estado no garantiza una justicia oficial independiente, imparcial y limitada a la aplicación estricta de la Constitución y la ley, no superaremos, como sociedad, la ingobernabilidad, la inestabilidad institucional, la incontrolable conflictividad y la impunidad, que dan pábulo a la intranquilidad, desconfianza, incertidumbre, pobreza, migración, violencia y desgracia. En dos platos, sin justicia eficaz no habrá paz ni prosperidad.

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