Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Crónica de una muerte anunciada

— Juan Carlos Méndez / AGER
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Describe a la perfección el camino que llevó a la reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el caso de la Mina San Rafael.

Cual Santiago Nasar, que una mañana se despertó con la convicción de que sería asesinado; tal como los gemelos Vicario sabían que lo tenían que matar y que hicieron lo imposible para que alguien les impidiera hacerlo; así como los testigos, entre familiares, vecinos, parroquianos y mirones, siguieron la travesía de la víctima hasta su ejecución y ninguno pudo oponerse a los hilos del destino para evitar esa muerte absurda.

Esa es la línea narrativa en Crónica de una Muerte Anunciada, novela negra escrita por Gabriel García Márquez la cual describe a la perfección el camino que llevó a la reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el caso de la Mina San Rafael.

En una resolución sin precedentes que contiene 554 folios, la Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva el amparo interpuesto por CALAS en contra del Ministerio de Energía y Minas por violación al derecho de Consulta del Pueblo Xinka, asentado en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Tomó más de cuatrocientos días llegar a esta resolución, por lo que merece la pena hacer un análisis, aunque sea muy somero, para entender sus implicaciones.

Para unos pocos, esta sentencia fue motivo de celebración ya que ordena la suspensión de las operaciones de la mina hasta que se haya realizado la consulta, la cual tomará seguramente mucho tiempo debido a las grandes dificultades que se tienen que superar. Para otro grupo fue una pésima noticia ya que considera que la misma viola una serie de derechos que entran en conflicto con el derecho a la Consulta y sobre todo no está apegada al espíritu de buena fe que establece el mismo Convenio 169 de la OIT e inflige innecesariamente daño a la empresa, las comunidades directamente beneficiadas de la zona, a los trabajadores y sus familias, al gobierno y a la sociedad en general. Y para la mayoría de la sociedad, el asunto es totalmente ajeno, no tienen idea de las implicaciones que una resolución como esta tiene para sus vidas y el futuro de sus familias.

Aspectos positivos: la Corte contextualiza y analiza los diferentes reclamos hechos por las partes de forma ordenada y con cierta profundidad, apoyándose en estudios externos solicitados a dos universidades de prestigio en el país, conforme va exponiendo sus argumentos y decisiones.

Aspectos negativos: la Corte resuelve más allá del acto reclamado, es decir la ausencia de consulta, y se adentra en áreas que hasta la fecha eran de competencia exclusiva del Ejecutivo, como por ejemplo la fijación del alcance y procedimientos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

Hay dos aspectos en esta resolución que son de extrema preocupación: el primero cuando la Corte pretendiendo dar certeza jurídica justifica romper con su propio dictamen en el caso de las hidroeléctricas de OXEC I y II, afirmando que ante la complejidad de los proyectos, de ahora en adelante los casos serán evaluados vis a vis, es decir uno a uno, lo cual es un total contrasentido y anuncia la intención de la Corte de retener el poder de cambiar sus propias decisiones en cualquier momento. El segundo se refiere a la ausencia de un análisis del impacto económico que tiene la suspensión de las operaciones de la mina. Como parte del proceso para mejor fallar la Corte debió incorporar, al igual que incluyó estudios ambientales y antropológicos, un estudio económico para determinar el costo social de tan radical decisión.

Lo que está claro es la necesidad imperiosa de contar con un marco jurídico creíble para la correcta aplicación de la consulta establecida en el Convenio 169; mientras eso no se concrete las inversiones difícilmente vendrán a Guatemala.

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