Lunes 24 DE Junio DE 2019
Opinión

¿La suerte está echada?

Fecha de publicación: 20-09-18
Por: editorial

La frase “la suerte está echada” (alea iacta est) se atribuye a Julio César, quien la habría pronunciado después de cruzar el río Rubicón con sus legiones. Este río era la frontera entre Italia, considerada parte integrante del territorio de Roma, y la provincia de la Galia Cisalpina; y, por consiguiente, conforme el Derecho Romano, estaba prohibido que los generales lo cruzasen en armas. El río Rubicón era, pues, el límite entre el poder del gobernador de las Galias y la autoridad republicana. Luego, al cruzar el río Rubicón la noche del 11 al 12 de enero de 49 a. C., Julio César cayó en la ilegalidad y se convirtió en enemigo de la República e iniciador de la guerra civil. Este acontecimiento supuso entonces un punto de no retorno, al igual que cuando Hernán Cortés hundió sus naves en Veracruz, antes de iniciar la conquista de México, cuyo mensaje también fue que no había vuelta atrás.

En nuestra opinión, tres hechos han allanado el camino hacia un punto de no retorno en la crisis jurídico-política surgida en Guatemala: (i) La negativa del Secretario General de la ONU, António Guterres, de negociar con el gobierno guatemalteco en torno la controversia surgida en la interpretación y aplicación del Acuerdo sobre la CICIG, prevista en el Artículo 12 de dicho convenio de cooperación; (ii) La decisión del gobierno de Jimmy Morales de no permitir el ingreso al territorio nacional del Comisionado Iván Velásquez Gómez, acogiéndose a la seguridad nacional; y (iii) La resolución de la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiendo la referida decisión presidencial sin ninguna otra consideración, al igual que ocurrió hace un año con la declaración presidencial de “non grato” del mencionado jefe de la CICIG.

La CC, como árbitro de última instancia, ante la supuesta “pasividad” del Secretario Guterres y la necesidad del gobierno de Morales de presentar sus objeciones, fundamentadas o no, debió haber forzado la plena vigencia y observancia del Artículo 12 del Acuerdo sobre la CICIG, que dice: “Toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”, y obligado a ambas partes a sentarse a la mesa de negociaciones y a que si no se ponían de acuerdo buscaran otro medio para dirimir la controversia. Sin embargo, la CC se abstuvo y solo se limitó a decir no al gobierno de Morales.

A estas alturas, se anticipa que la actual magistratura de la CC, cuya credibilidad se ha visto severamente erosionada, a raíz de la emisión de varios fallos políticos y jurídicamente dudosos, seguirá absteniéndose de viabilizar la resolución pacífica de controversias prevista en el citado Artículo 12 del Acuerdo sobre la CICIG, lo que supondrá que las posiciones encontradas se sigan distanciando y que los extremismos se fortalezcan, así como que, finalmente, se abandone lo jurídico para dar paso a lo político, a lo fáctico, con consecuencias impredecibles e indeseables. “Quien olvida la historia está condenado a repetirla”, decía George Santayana.

Ojalá que los países cooperantes de la CICIG tuvieran la lucidez suficiente para generar una iniciativa de diálogo y negociación, antes de que la confrontación se agudice y que se haga imposible la conciliación de intereses y los acuerdos. La construcción de nuestra incipiente institucionalidad democrática nos ha costado muchísimo, por lo que no es justo que se eche por la borda.