Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

El fallo sobre la actividad minera es político

— editorial
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La sentencia de amparo que dictó la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la actividad minera, que se difundió el pasado lunes, es el producto de una decisión eminentemente política y no jurídica, confirmando con ello la grave politización de la justicia en Guatemala.

Sin duda, está claro que la intención velada detrás del fallo de la CC era la paralización de la actividad minera, que se concretó, desde un inicio, a través de la suspensión indefinida de las licencias de exploración y explotación minera otorgadas, en 2013, por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) después de que se agotó el respectivo procedimiento administrativo público. Dicha interrupción se decretó dentro de un proceso de amparo que se inició a mediados de mayo de 2017 y concluyó en septiembre de 2018, es decir un lapso de un año y cuatro meses durante el cual se despidió a la mayoría de los trabajadores.

De la lectura de la referida sentencia se deduce que el verdadero propósito nunca fue que se llevara a cabo una “consulta reparadora”, sino la interrupción de la operación extractiva, concebida de utilidad y necesidad pública en la Constitución, contradiciendo con ello lo que la misma CC había resuelto anteriormente en casos concretos similares. En dicho fallo, la magistratura de la CC, que acepta que no cuenta con información para determinar si existen o no impactos negativos, justifica la paralización de la actividad minera argumentando la “conflictividad” en el lugar, legitimando con ello las “vías de hecho” para presionar y convencer a los tribunales. Por tanto, el nuevo paradigma que ha sentado la CC es: La justicia legal debe subordinarse a la presión fáctica. ¿Dónde queda, entonces, la obligación del Estado de consolidar el régimen de legalidad, que dicta el preámbulo constitucional?

Empero, este fallo también excede el marco jurídico constitucional. A través del mismo, la CC hace caso omiso de las licencias mineras otorgadas por el MEM, se atribuye funciones del Tribunal Constitucional de lo Contencioso Administrativo, que es el único contralor de juridicidad de los actos administrativos, se arroga la potestad legislativa que corresponde exclusivamente al Congreso, ordena al Congreso la emisión de normas dictadas por la CC, a pesar de que la Constitución dispone que se prohíbe la subordinación del Congreso a los otros órganos estatales, obliga a negociar las “regalías legales” y, peor aún, desnaturaliza la noble institución del amparo al desmontar la estructura jurídica de presupuestos procesales y convertir el amparo en una instancia revisora.

Lo anterior sin perjuicio de que la CC, que asimila la exploración con la explotación minera, decreta un procedimiento tan engorroso y burocratizado para llevar a cabo la “consulta reparadora”, que, prácticamente, hace imposible su cumplimiento, confirmando con ello la intención política de detener o aplazar indefinidamente la actividad minera.

Sin embargo, el asunto no queda en el proyecto minero, porque en el desafortunado fallo (que todavía no está firme) se señala que todo proyecto de desarrollo estatal (carreteras, caminos vecinales, escuelas, hospitales, universidades, institutos de capacitación técnica, centros de salud, instalaciones deportivas, complejos habitacionales, oficinas públicas, juzgados y toda obra de infraestructura física en general) debe ser sometido al citado procedimiento consultivo decretado por la magistratura de la CC. ¡Interesante o no!

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