Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Diálogo antes de que sea tarde

Deslegitimación de los responsables de la justicia oficial.

— MARIO FUENTES DESTARAC
Más noticias que te pueden interesar

Nuestra sociedad ha estado marcada por la intolerancia, la imposición, el irrespeto a las ideas o creencias de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias; y, en general, por la ausencia de diálogo y deliberación. Sin duda, estas prácticas antidemocráticas abonan el terreno de la confrontación, la conflictividad, el aislamiento y la violencia.

Inequívocamente, la democracia republicana se mantendrá en peligro y riesgo en Guatemala mientras no se habiliten e institucionalicen espacios para el diálogo abierto, incluyente, franco e integral, que redunde en compromisos serios y responsables, susceptibles de ser cumplidos, utilizando al efecto los medios legales que corresponda.

El autogobierno, que se traduce en el gobierno del pueblo, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como señalaba Abraham Lincoln, es un elemento esencial de la democracia republicana. Si bien en el marco del autogobierno el pueblo no gobierna directamente, sino que lo hace por medio de sus legítimos representantes, esto no significa que estos manejen la cosa pública a espaldas de la población o sin tomar en cuenta sus inquietudes, aspiraciones e intereses.

De ahí la importancia de que exista una suerte de instancia permanente de discusión, debate y recomendación, en la cual estén representadas las fuerzas vivas del país. En fin, un foro deliberativo en el cual se facilite el intercambio de ideas, el diagnóstico y la evaluación, la concreción de acuerdos políticos de mediano y largo plazo, así como la generación de los necesarios ajustes que nuestra democracia institucional vaya requiriendo.

Lamentablemente, los políticos y burócratas no han estado dispuestos a garantizar una participación ciudadana real y efectiva en el control de las decisiones. Se han autoproclamado dueños absolutos de la verdad y, por consiguiente, también han monopolizado la toma de decisiones, por lo que no extraña que muchas sean contrarias a los intereses sociales y nacionales. Luego, tampoco sorprende que solo haya habido voluntad política para instalar coloquios intrascendentes, cuales válvulas de escape o mecanismos coyunturales de oxigenación política, tales como el “Gran Diálogo Nacional” de Mejía Víctores (1985), los “Encuentros de Actualización” de Arzú (1999) y las “Mesas Intersectoriales de Diálogo” de Portillo (2003). Tampoco resultaron eficaces el Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla (1991-6), por ausencia de institucionalidad suficiente, ni el “Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala” (2016), por excluyente e intransigente.

En conclusión, insisto en que debe institucionalizarse una instancia de participación, deliberación y consulta, coordinada por aquellos órganos y entidades del Estado que, por disposición constitucional, tienen iniciativa de ley y de reforma constitucional, que sea capaz de opinar y proponer.

La actual crisis jurídico-política, ante la deslegitimación de los responsables de la justicia oficial, debería abordarse en esa suerte de instancia dialogal, en la que, para comenzar, deben discutirse no solo salidas políticas a la referida crisis, sino que también el fortalecimiento institucional, las amenazas que se ciernen sobre el próximo proceso político electoral, la renovación de las magistraturas del Organismo Judicial prevista para el año entrante, las luces y sombras de la CICIG, así como la reforma del sistema político electoral.

Etiquetas: