Lunes 12 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Así no aguanta el presupuesto

La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas.

— Mario A. García Lara
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En los últimos días se han dejado sentir las demandas de aumento presupuestario por parte de varias entidades del Estado. El sindicato de maestros y el propio gobierno central presionan al Congreso para que apruebe una ampliación de más de Q960 millones para pagar el aumento de salarios y prestaciones contenido en el pacto colectivo acordado entre ambos. Los médicos del Ministerio de Salud Pública iniciaron una huelga para exigir un incremento salarial que podría significar un aumento de más de Q2 mil millones en el presupuesto de esa cartera. Y la Universidad de San Carlos solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria de más de Q700 millones para solventar la enorme crisis financiera que se origina en los crecientes compromisos salariales de la entidad.

Es probable que, como estas, existan demandas similares en otras entidades públicas y, por legítimas que puedan ser, constituyen una carga financiera insoportable para el fisco. El presupuesto del Estado guatemalteco es especialmente rígido y no permite este tipo de aumentos casuísticos: casi la tercera parte del total de gastos presupuestados se destina al pago de remuneraciones a los empleados públicos y casi la mitad de ese total ya está comprometida para el pago de las obligaciones que el gobierno central tiene para transferir recursos a otras entidades y para pagar la deuda pública. Así, el fisco no puede aguantar incrementos presupuestarios desarticulados e improvisados como los que ahora se solicitan.

La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas que toquen temas tan álgidos como las asignaciones (muchas de ellas a nivel constitucional) que obligan a pre-asignar porcentajes del gasto público a ciertas entidades o destinos específicos, así como por establecer una política salarial integral que, como parte de la reforma del servicio civil, regule adecuadamente la forma en que pueden acordarse pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado. Por ejemplo, debería existir la obligación legal de que todo pacto colectivo de las entidades que operan con fondos del presupuesto deba contar con la no objeción expresa del Ministerio de Finanzas Públicas.

En el corto plazo solo podría accederse (parcialmente) a las múltiples demandas de aumentos presupuestarios a cambio de los sistemas de control y eficacia del gasto en las entidades solicitantes. Por ejemplo, el incremento de recursos para los maestros debería darse solamente si se implementan sistemas de control de asistencia y de evaluación periódica de sus capacidades docentes. El aumento para los médicos debería condicionarse a la adopción de un sistema de contrataciones y promociones acorde con los grados de especialización de los profesionales. Y los recursos adicionales para la Universidad deberían sujetarse a que ésta se comprometa a adoptar de inmediato los sistemas estatales de control del gasto (como el SICOIN y el SIAF) y se someta anualmente a una auditoría externa de sus estados financieros. Cualquier entidad que quiera más recursos del erario debe estar dispuesta a mejorar sustancialmente su rendición de cuentas ante los contribuyentes que la mantienen.

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