Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Las sanguijuelas del Pacto de Corruptos se resisten a morir (I parte)

Desde abril de 2015 se han destapado varios casos de corrupción que han sido investigados tanto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y el Ministerio Público –MP–.

— Eduardo Antonio Velásquez Carrera
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De acuerdo con el diccionario, la sanguijuela es un “Gusano anélido de cuerpo negro y aplastado, dotado de una ventosa bucal que utiliza para succionar sangre de los animales a los que se agarra y que se usó en medicina para sangrar a los enfermos”. Esto cuando se creía que estos gusanos podían succionar la “mala sangre” que tenían los enfermos en sus cuerpos. Coloquialmente se dice de la “persona que poco a poco se gasta o se apodera de los bienes de otra”. Ya sea dinero, alhajas u otros bienes de valor. Desde abril de 2015 se han destapado varios casos de corrupción que han sido investigados tanto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y el Ministerio Público –MP–; que nos han dejado a los ciudadanos guatemaltecos sorprendidos y perplejos del nivel de latrocinio, tráfico de influencias, negocios turbios y financiamientos ilícitos que miembros de los partidos políticos han recibido y otorgado, funcionarios de Estado y municipales, además de empresarios supuestamente honrados y destacados han cometido a su sabor y antojo durante muchos años. Tampoco se han salvado, de esta conducta, líderes sindicales e inclusive rectores y decanos de las Universidades, especialmente con las Comisiones de Postulación. No se diga de jueces y operadores de la justicia, desde los altos mandos hasta conserjes, pasando por procuradores. Han sido sanguijuelas que han vivido de los recursos públicos, de los negocios que el Estado puede generar, de las privatizaciones del patrimonio público, de las concesiones, de las licitaciones públicas, de las compras que las entidades de gobierno, nacional y municipal, realizan de empresas del sector privado, tanto nacionales como extranjeras, vinculadas a estos esquemas criminales y de corrupción. Esto ha provocado un rápido como escandaloso enriquecimiento ilícito, de segmentos sociales afines a estos esquemas de corrupción e impunidad; como el experimentado por el General Otto Fernando Pérez Molina y la señora Roxana Baldetti, del cual todavía no tenemos los ciudadanos cabal conciencia. Naturalmente, que no han sido solo ellos, pues si las investigaciones se hubieran realizado, desde los tiempos del expresidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo a nuestros días, las sorpresas, el escarnio y la perplejidad de los ciudadanos fueron todavía mayor a la mayúscula, que vivimos hoy. Sin embargo, diputados del actual como del flamante Congreso de la República de años anteriores, realizaron aprobación de urgencia nacional de proyectos carreteros como los vinculados a la empresa brasileña Odebrecht y de otros que no han rendido los frutos esperados por la población y que han dejado a dos excandidatos a la Presidencia de la República, perseguidos por la justicia guatemalteca, tal es el caso de Alejandro Sinibaldi Aparicio y de Manuel Antonio Baldizón Méndez, todavía prófugos. Muchos empresarios contratistas participaron de este esquema de corrupción y sobornos y se declararon culpables para abreviar procesos judiciales. El sonado caso del Transurbano, que desde el gobierno de la UNE se autorizó el traslado de fondos públicos a empresas privadas, de transportistas que estafaron al Estado y que todavía también se encuentran prófugos, como los casos de Luis Gómez y Rudy Maldonado. Importantes empresarios de la cúpula económica del país, también se declararon no culpables, pero sí de haber cometido “errores” de financiamiento ilícito a partidos políticos. El caso del saqueo del IGSS no es nuevo, apenas el caso Pisa y de la compra sobrevalorada de medicamentos y de otros insumos médicos y quirúrgicos son puntas de varios icebergs. Las enormes contradicciones entre los salarios de los médicos y cirujanos y lo que gana el conserje del Congreso de la República, muestra un sistema podrido que hay que cambiar. Por ello, la decisión del presidente Jimmy Morales del viernes pasado está totalmente equivocada.

Continuará…

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