Jueves 21 DE Febrero DE 2019
Opinión

El régimen de legalidad en jaque

— editorial
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El lunes y el martes de esta semana ocurrieron dos situaciones extremas que han puesto en jaque al régimen de legalidad en Guatemala. Por un lado, el lunes pasado se informó a la opinión pública sobre el contenido de una voluminosa sentencia emitida a destiempo por la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de la cual se suspendió indefinidamente la actividad extractiva de la mina El Escobal, localizada en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, autorizada en el año 2013 por el Ministerio de Energía y Minas; y, por otro lado, el martes el gobierno informó sobre la decisión adoptada en el sentido de prohibir el ingreso al territorio de la República al responsable de la CICIG, Iván Velásquez, quien se encuentra en el extranjero, aduciendo razones de seguridad nacional.

La indicada sentencia de la CC viola flagrantemente el principio constitucional de seguridad jurídica, que supone la certeza de la ley y la previsibilidad de su cumplimiento y aplicación, así como el principio de los actos propios, que establece que el Estado no puede limitar el ejercicio de buena fe de los derechos otorgados por el mismo Estado mediante autorizaciones o licencias, después de agotado el procedimiento y cumplidas las regulaciones dictadas por el mismo Estado, y el principio de confianza legítima, que dispone que el Estado no puede, arbitrariamente, interrumpir, suspender o revocar intereses jurídicos y económicos que han sido protegidos y garantizados por el Estado. Sin duda, este un duro golpe al régimen de juridicidad, ya que, además de perjudicar los intereses del licenciatario extranjero y de los beneficiarios del proyecto minero (Fisco, empleados, comunidades, proveedores), alienta la desinversión y la migración, así como y allana el camino para que la decisión de la CC sea revisada por la justicia transnacional e internacional, ante la pérdida de credibilidad de la justicia oficial, lo que, de plano, podría conllevar un resarcimiento multimillonario por daños y perjuicios.

 En lo que toca a prohibir el ingreso al territorio nacional al Comisionado Velásquez, el gobierno, en un comunicado a la opinión pública, expresa: “En consenso, el Consejo de Seguridad Nacional recomendó al Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez Gómez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país (…) El Gobierno (…) es y será respetuoso del plazo del mandato vigente de la CICIG, es decir que dicha Comisión seguirá aportando sus capacidades técnicas a las instituciones estatales (…) hasta el 3 de septiembre de 2019, tomando en cuenta que la CICIG contará con un año para transferir sus competencias bajo una metodología ordenada, objetiva y transparente”.

No se indica por qué el gobierno asume que el Comisionado Velásquez “atenta contra el orden y la seguridad pública”, ni tampoco cómo Velásquez afecta “la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”, extremos que el régimen de Jimmy Morales tendrá que explicar ante la comunidad nacional e internacional, sin perjuicio, por supuesto, de que deberá enfrentar la denuncia de incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Guatemala, específicamente el Acuerdo sobre la CICIG, así como la crítica de que la decisión adoptada por el gobernante Morales está deslegitimada debido al “conflicto de interés” derivado de las imputaciones penales formuladas por la CICIG en contra de él y algunos de sus familiares. En nuestra opinión, el gobierno ha entrado en un laberinto jurídico-político del cual no le será fácil salir.

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