Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Escenarios del conflicto

Tres teorías detrás de los eventos del viernes 31.

— Phillip Chicola
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Solo faltó el redoblante de fondo. Cual escena sacada de una película de Oliver Stone, Jimmy Morales se presentó acuerpado por la cúpula militar y policial para anunciar que no renovaría el mandato de la CICIG después de septiembre 2019. La imagen vino precedida de movimientos de vehículos artillados en las afueras de la sede de la Comisión y la misma Embajada Americana.

El despliegue de fuerza en la transmisión del mensaje fue desproporcional. Incluso, la misma comunicación del mensaje fue innecesaria, puesto que como lo han mencionado los reconocidos juristas Alexander Aizenstatd y Mario Fuentes Destarac, cuando un Acuerdo tiene plazo de vigencia concreto, no se hace necesaria la comunicación sobre la no-renovación del mismo.

Sobre este contexto, no cabe duda que la conferencia tenía otros fines más allá de lo simbólico.

Una primera teoría sobre ello, y que se ha difundido profusamaente por redes sociales, es que la operación del viernes pasado tenía más profundidad que un mero anuncio comunicacional. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad que el Gobierno tenía preparada una expulsión del Comisionado, y que la circulación de vehículos artillados fuera de la sede de la Comisión, era parte de un equipo que escoltaría al Jefe de CICIG al aeropuerto La Aurora. Dicha operación, de acuerdo a las fuentes informadas, habría sido detenida gracias a la gestión de la comunidad internacional.

Una segunda teoría es que los eventos del viernes constituyeron una medición de fuerzas y reacciones. El anuncio sobre la no-renovación del mandato cayó justo en la línea gris entre lo legal versus lo legítimo. La no transgresión de normas implicó que varios actores relevantes del país pudieran salir con facilidad a acuerpar la decisión del mandatario. Sobre todo aquellos que se han sentido afectados por las actuaciones judiciales de la CICIG. Pero más relevante aún fue la respuesta dividida de Washington. Mientras los congresistas y senadores demócratas manifestaron su rechazo total a la acción de Gobierno, el Secretario de Estado Mike Pompeo publicó un mensaje que ha sido interpretado por los adláteres de Morales como un respaldo a su acción.

Sobre la base de estas reacciones favorables, o relativamente favorables, el Gobierno estaría preparando una nueva batería de acciones para entorpecer el trabajo de la CICIG en Guatemala. Y en este sentido, la posible no renovación de visas del Comisionado y del equipo de trabajo de la Comisión constituiría el siguiente paso de la ofensiva. Si bien diversos juristas han sostenido que por lo establecido en el Artículo 10, inciso 1. Literal (a) del Acuerdo, los miembros de la Comisión estarían exentos de disposiciones que restrinjan la inmigración, por lo que la visa no se hace necesaria. Sin embargo, ya en 2017 el Gobierno intentó no renovar la autorización de Velásquez, por lo que el escenario no resulta nada descabellado.

En todo caso, cualquier esfuerzo por entorpecer el funcionamiento de la CICIG sería objeto de una acción de amparo, la cual naturalmente caería en manos de la Corte de Constitucionalidad. Y justamente pareciera que ahí se encuentra la razón del despliegue de fuerza en la conferencia de Morales. Entre la muestra de contar con el respaldo de la fuerza armada y la referencia a la “no obligatoriedad de acatar órdenes ilegales”, el Gobierno pareciera amenazar al máximo tribunal constitucional con no acatar alguna resolución que favorezca el funcionamiento de la CICIG.

Pero además, existe una tercera teoría sobre lo acontecido el viernes. En diversos círculos de poder, antagónicos a la CICIG, durante días circuló el argumento que el presidente Morales no era de fiar, puesto que no había logrado ponerle un alto a la CICIG. Por ello, varios diputados y actores que sienten la sombra de las investigaciones judiciales, habrían tomado la decisión de sacrificar al Presidente. Eso iba a implicar que el Congreso le retiraría el antejuicio por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito. En este sentido, la acción de Morales habría sido un esfuerzo por reposicionarse de cara al resto de aliados del bando anti-CICIG, y mostrar su fuerza como el articulador del esfuerzo por detener los avances judiciales. En todo caso, la acción del viernes 31 pareciera ser únicamente la reacción a los eventos del 10 al 27, en los cuales el MP reactivó los casos judiciales, el Senado estadounidense levantó hold del financiamiento a la CICIG, las agencias de seguridad norteamericanas iniciaron la elaboración del “listado de corruptos” del triángulo norte centroamericano, y el MP y la CICIG procedieron con la captura de Erick Melgar Padilla.

Y así, cual partido de béisbol en extra innings, nos aprestamos ahora a ver la reacción en la baja de la doceava entrada. Y por ningún lado se vislumbra un fin a la crisis.

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