Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Cancelación del partido Encuentro por Guatemala

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En recientes declaraciones, la fiscal general, Consuelo Porras, expresó que el Ministerio Público (MP) solicitará la cancelación del partido Encuentro por Guatemala (EG), por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, imputable a la secretaria general de dicha organización política, Nineth Montenegro.

Asimismo, ha trascendido que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también por supuesto financiamiento electoral ilícito. Cabe advertir que el Artículo 21, párrafo primero, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) dispone que corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña.

Por otro lado, el Artículo 21, literal e) del párrafo cuarto, de la LEPP disponía (antes de la reforma de la LEPP de 2016) que para el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales debía observarse que: “(…) e) El límite máximo de gastos de la campaña electoral será a razón del equivalente en quetzales de un dólar de los EE. UU, por ciudadano empadronado hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones (…)”. Este precepto estuvo vigente durante los procesos electorales celebrados en 2011 y 2015.

El límite de gastos de campaña para el pasado proceso electoral (2015) fue fijado por el TSE en Q58 millones 200 mil para cada partido que estuvo en la contienda. Entre los gastos en propaganda anticipada y los realizados después de la convocatoria a elecciones, los partidos PP, UNE y Lider se excedieron del referido límite máximo de gastos. Casualmente, estos partidos también se excedieron del límite de gastos durante el proceso electoral de 2011.

El Artículo 407 “N” del Código Penal (vigente durante los procesos electorales de 2011 y 2015) dispone: “Financiamiento electoral ilícito. La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de 4 a 12 años inconmutables y multa de Q200 a Q500 mil. Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.

En todo caso, cabe recordar que la CICIG ha denunciado públicamente que los partidos UNE y FCN- Nación son responsables de financiamiento electoral ilícito, por lo que, al igual que está ocurriendo con el partido EG, procede que el MP solicite al TSE la cancelación de ambos partidos. Inequívocamente, el TSE, con apego al Artículo 21 ter, literal k), de la LEPP, debe cancelar los partidos UNE y FCN-Nación, por infracción del límite máximo de gastos de campaña y ser responsables de financiamiento electoral ilícito.

Sin embargo, el Registro de Ciudadanos del TSE y la actual magistratura del TSE, según informaciones de prensa, han exonerado de responsabilidad al partido UNE y se disponen, con celo y rigor, a cancelar otros partidos (Gana, FCN-Nación), lo que ha provocado el repudio de la opinión pública. No obstante, confiamos en que nuestro periodismo de investigación, que avanza con paso firme, nos lleve a descubrir qué hay detrás.

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