Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Enfoque: ¿Impunidad? ¿Justicia?

La sociedad –todos nosotros– debemos fiscalizar a los diputados. No será difícil saber si han actuado correctamente o son parte de lo mismo –léase Pacto de Corruptos–.

— Gonzalo Marroquín Godoy
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La historia se repite a un año de distancia. En agosto de 2017, Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez salieron públicamente a informar que se había planteado una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación. Aquel caso era por Q6.7 millones no reportados para la campaña presidencial.

Se siguieron los pasos formales. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite, el Congreso de inmediato nombró una Comisión Pesquisidora con cinco diputados, la cual recomendó al pleno que se levantara la inmunidad al mandatario, pero a la hora de votar el pleno el 21 de septiembre, el grupo de aliados al oficialismo cerraron filas y 104 diputados lo arroparon, contra apenas 25 votos a favor de que tuviera que responder ante la justicia.

¿Qué diferencias hay en esta ocasión? Primero, hay que decir que es el segundo caso en el que el Presidente se ve implicado por el mismo delito. En segundo lugar –y esto es quizá lo más importante–, en esta ocasión, además de las pruebas documentales, se cuenta con una testigo eficaz –Paulina Paiz–, y con el testimonio de cinco empresarios, quienes han reconocido que efectivamente entregaron el dinero –cerca de Q15 millones– al partido FCN-Nación para que cubriera los gastos de fiscales en las urnas en las dos vueltas electorales de 2015.

Los empresarios explicaron sus motivaciones para aportar ese dinero a la campaña, pero el partido no declaró su ingreso y tampoco lo registró. El Secretario General del partido era entonces Jimmy Morales, el candidato, quien en todo caso debe aclarar su papel y lo sucedido, así como su situación legal, en caso de ser posible.

Si la primera acusación era contundente, en esta hay pocas dudas de lo ocurrido. Se tienen fechas, lugares de reunión, forma en que se aportó el dinero y la forma en que se entregó al partido político. También se sabe cuál era su destino.

La Comisión Pesquisidora recibirá todas estas pruebas –la conferencia de prensa de los empresarios fue pública– y sobre eso debe recomendar. Cabe esperar que si las evidencias son más contundentes y claras esta vez, la nueva Comisión recomiende lo mismo que la anterior. Lo que no ha cambiado mucho es el núcleo de diputados que forman el bloque oficialista y anti CICIG. En aquella ocasión fueron 104. Hoy es posible que sean menos, pero mucho me temo que serán bastantes más de los 54 que se necesitan para dejar sin inmunidad al apesadumbrado Jimmy Morales.

En aquella ocasión podían esgrimir diferentes pretextos –incluso que las pruebas no eran lo suficientemente contundentes como para inculpar al Presidente–, pero esta vez todas las cartas están sobre la mesa… y las conoce perfectamente la opinión pública.

Puede haber quien crea que lo mejor es no desestabilizar políticamente el país con un juicio al Presidente, pero no cabe duda que hay argumentos judiciales y pruebas suficientes para proceder –al menos–, con un proceso legal. Hay que recordar que solamente si es condenado, el Presidente debe dejar el cargo.

Septiembre del año pasado fue un mes intensamente agitado. Se dio el caso del antejuicio a Jimmy Morales, luego los diputados sellaron su Pacto de Corruptos, con el intento de aprobar reformas penales para proteger a los políticos –y sacar de las cárceles a medio mundo, incluso asesinos, extorsionistas y violadores–. Este septiembre promete ser igualmente intenso y controversial. No es difícil unir fuerzas oscuras en el Congreso. Son muchos los diputados señalados y no todos toman el camino de limpiar su nombre dando la cara –como ahora hace Nineth Montenegro–. La mayoría prefieren retrasar los antejuicios, colocarse como víctimas de una persecución ideológica “de parte de extranjeros” dirigida por la CICIG, en vez de presentar sus pruebas de descargo pública y judicialmente.

El Presidente ha dicho “yo no recibí dinero”. Esa frase puede llevar a engaño. Nadie ha dicho que él lo recibió personalmente, pero su partido sí y, según testimonios, estaba enterado que esos fondos llegarían. Por supuesto, como Secretario General supo que se resolvió la carencia financiera para pagar a los fiscales –bien pagados, por cierto– ¿o será que pensó que los quetzalitos habían caído del cielo?

La prensa publicará seguramente como vota cada diputado. Tristemente creo que aunque hay más pruebas, habrá poco cambio en la defensa a Jimmy Morales. Algunos no acudirán el día de la votación, pero es lo mismo que votar a favor del mandatario.

Otra vez septiembre agitado. ¿Otra vez IMPUNIDAD? … o JUSTICIA!!!

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