Domingo 17 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Boicotear el cambio

Molestó mucho a los diputados oficialistas y sus aliados pro impunidad el convenio que firmó recientemente la CICIG con el TSE.

Fecha de publicación: 28-08-18
Por: Manfredo Marroquín

Desde el Congreso de la República se está fraguando una estrategia de intimidación, asecho e intromisión en las tareas y funciones del Tribunal Supremo Electoral, cosa que resulta especialmente preocupante tomando en cuenta que estamos apenas a pocos meses de que se convoque a elecciones generales.

Los partidarios de las organizaciones políticas más golpeadas por los casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito, sueñan con un retorno al pasado cuando pasaban inadvertidas y sin castigo las prácticas ilegales de campaña anticipada, financiamiento ilícito sin reportes ni investigaciones, un laisser faire que les aseguran retornos súper rentables con cero riesgos de sanción o castigo.

Varios diputados de bancadas pro impunidad y corrupción han declarado que citarán a los magistrados del TSE a rendir cuentas de varios asuntos, mencionando entre ellos el convenio recientemente suscrito con la CICIG, la Consulta Popular sobre el diferendo con Belice y el voto en el exterior en tono amenazante incluso anticipando acusaciones que carecen de fundamento.

También se conoce de presiones provenientes del legislativo a la Contraloría General de Cuentas para que anticipe auditorías especiales en el TSE, que buscan amedrentar y ejercer presión indebida en los magistrados del alto órgano electoral. Sin duda, el anuncio de reanudación del proceso administrativo de cancelación del partido oficial ha sido un detonante para que se activen estas presiones y el mismo antejuicio contra el Presidente por financiamiento ilícito que no hubiera sido posible solicitar sin las pruebas aportadas por el órgano electoral.

Molestó mucho a los diputados oficialistas y sus aliados pro impunidad el convenio que firmó recientemente la CICIG con el TSE para fortalecer las unidades especializadas en monitoreo de medios y financiamiento, creadas por la última reforma y que representan el cambio sustantivo de fondo más importante, pues dota de herramientas y dientes a la autoridad electoral para frenar los abusos y violaciones que fomentaron la corrupción política y un sistema de empresas electorales que impidió la formación de verdaderas organizaciones políticas que tomaran seriamente la conducción de los asuntos públicos y de Estado.

Todas las instituciones del Estado firman convenios de cooperación con entidades nacionales y extranjeras en busca de fortalecer capacidades para el mejor cumplimiento de sus funciones y atribuciones, pero ahora resulta un atentado a la institucionalidad la firma de este convenio. No cabe duda que la vieja política se ve en desventaja y sin posibilidades de competir con reglas del juego político electoral más transparentes.

El mismo Congreso de la República ha suscrito convenios con diversas embajadas incluida la de Estados Unidos para el intercambio y transferencia de capacidades en diferentes ámbitos, y a nadie se le había ocurrido gritar intromisión y atentado a la soberanía o que esos convenios sometían al legislativo a los dictados extranjeros.

Los magistrados del TSE no deben ceder a los chantajes que pretenden someterlos y más bien deben denunciar las presiones solapadas y abiertas que buscan anular sus funciones árbitro independiente del próximo evento electoral.