Miércoles 17 DE Julio DE 2019
Opinión

Antejuicio no es Impunidad

Una de las tareas que deberán emprender los diputados, será la de reformar lo relativo al derecho de antejuicio.

Fecha de publicación: 22-08-18
Por: Lizardo A. Sosa L.

Habrá que esperar a que los diputados, no todos, pero si un respetable número de ellos, dejen de ocupar su tiempo en buscar protección de acciones judiciales en su contra o perseguir sus particulares intereses y se dediquen al trabajo legislativo en procura de mejores leyes, tarea que es una de sus exclusivas funciones y razón de ser del Congreso, a cargo de elaborar y gestionar normas que aseguren el marco jurídico que contribuya a mejorar la convivencia social y a brindar certeza jurídica a los actos que realizan personas, empresas, grupos e instituciones.

Una de las tareas que deberán emprender los diputados, será la de reformar lo relativo al derecho de antejuicio, convertido desde siempre pero especialmente ahora, en una especie de espuria protección de funcionarios que eventualmente lo utilizan para evitar que se realice una investigación cuyo objeto debiera ser de su interés, pues esta definiría si en efecto se han cometido actos fuera de ley, o si se trata de acusaciones sin fundamento.  Como lo expresó recientemente Lorena Escobar de Asíes, el derecho de antejuicio no debiera impedir la investigación, pero si proteger al funcionario de persecución penal en su contra o de una detención, salvo que se determine su responsabilidad.

Al impedir la investigación, el derecho de antejuicio se convierte en un escudo o barrera infranqueable que asegura impunidad a posibles delincuentes que alcanzan altos cargos en el Gobierno y en el Congreso; y tal situación debe ser corregida reformando la Ley para evitar que ese derecho se utilice como espuria protección ante procesos legales que un funcionario debería solventar por su involucramiento en actos reñidos con la ley.

Hay que expresar con fuerza, que aquellos que por Ley gozan de Antejuicio deberían ser los primeros interesados en el esclarecimiento de la verdad para ejercer sus funciones sin el contrapeso de rumores, sospechas o denuncias infundadas en su contra; de lo contrario, la denodada lucha que los afectados realizan para evitar que se les levante el derecho de antejuicio y sin base legal se impida la investigación, debe interpretarse como percepción de riesgo inminente de que el esclarecimiento de la verdad los evidencie con responsabilidad en la comisión de delitos.

En todo caso, como se ha explicado recientemente por una experta en estos temas, una reforma de la Ley debe establecer claramente que tal derecho consiste en evitar la persecución penal y la detención y procesamiento ante los tribunales del afectado, pero que de ninguna manera debe limitar el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público en el esclarecimiento de la verdad; lo que a su vez presupone una fortaleza institucional del ente de investigación y persecución penal en el ejercicio de sus funciones, de manera responsable e independiente de toda presión política, social, económica o de cualquier otra índole que pueda comprometer su veredicto.

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