Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Política antiderechos en el territorio de Guatemala

Exigen el cese de la represión y persecución jurídica de lideres comunitarios.

— María José Rosales
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La doctora Gladys Tzul Tzul publicó en su perfil de Facebook una imagen de los procesos judiciales que se llevarían a cabo en cierto juzgado; rápido se puede observar que todas las personas acusadas son mayas,  así lo denunció: un 9 de agosto en el real juzgado de indio, Guatemala.

Un ejemplo es la persecución hacia el pescador Eduardo Bin Poou, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales en El Estor, Izabal. Fue  encarcelado y en esta semana Fundaeco retiró la acusación  por usurpación de tierra, sin embargo, sigue en prisión preventiva porque la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN– intervino en el proceso y solicitó su detención.  Por otro lado, ese mismo día, Blanca Stalling, acusada por soborno a funcionarios públicos y por resistencia al arresto con agravación específica,  logra arresto domiciliar.

Comunidades, organizaciones y colectivos denuncian las prácticas violentas utilizadas por el Estado en la vida política actual. Así como escribe la doctora Tzul, la pensadora maya Aura Estela Cumes en sus múltiples escritos y conferencias argumenta cómo la violencia es uno de los mecanismos esenciales del colonialismo, en una entrevista realizada por laCuerda afirma: “Toda la estructura del Estado está hecha para beneficiar a los grupos de la elite, proteger sus tierras, garantizarles más bienes, entregarle los ríos, las montañas…”, asimismo argumentó: “El Estado colonial nunca ha aceptado que los pueblos indígenas son sujetos políticos” y acciona para reprimir sus acciones de denuncia y autodeterminación como pueblos.

Según el monitoreo de Udefegua del 1 de enero al 8 de junio 2018 han recibido 135 denuncias de agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos; 13 asesinatos de las cuales cinco personas estaban organizadas en Comité de Desarrollo Campesino –Codeca–, tres eran del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano –CCDA-, dos eran periodistas, uno de la Comunidad Indígena Ch’orti’ Morola; una persona era miembro de la Pastoral Social de la Tierra de Quetzaltenango. A esto se puede agregar la denuncia del Comité Unidad Campesina –CUC– sobre el asesinato del abuelo Alfredo Norberto Mazariegos el domingo 12 de agosto, recibió cuatro balazos en el cráneo.

A estas denuncias quisiera agregar los datos sobre los asesinatos y el vínculo a una política de exterminio similar a la vivida en diferentes momentos de la historia contemporánea. Según los datos de la Policía Nacional, se registraron 4 mil 410 asesinatos en 2017, un promedio de 13 por día, y un aproximado de casi 45 mil asesinatos en diez años. Otro aspecto a tomar en cuenta son las formas en cómo aparecen los cuerpos: manos amarradas, tiros de gracia, descuartizados, torturas; y en específico, cómo aparecen los cuerpos de las mujeres.

Este fin de semana organizaciones de diferentes movimientos políticos realizan la denuncia del #PactodeCorruptos involucrando al Ministerio de Gobernación y la cooptación de la Policía Nacional.  Exigen el cese de la represión y persecución jurídica de lideres comunitarios, el control y espionaje por parte del Estado. La judicialización es una de las tácticas utilizadas en periodos de represión y en estos momentos va acompañada con asesinatos, intimidación y vigilancia.

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