Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Opinión

¿El fin justifica los medios?

Macartismo, ahora contra la corrupción.

— Mario Mérida
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El debate acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobrepasó los matices ideológicos. Ahora lo justifican porque según su análisis la CICIG –nunca he escuchado al Comisionado aceptar tal despropósito– responde a la defensa de los intereses nacionales de los Estados Unidos, lo que significaría una especie de resurrección del macartismo impulsado por Joseph McCarthy (1949-1956), para detener el avance comunista en América Latina. Independientemente de cualquier interpretación, no hay forma de rescindir el acuerdo y evitar la continuación de la CICIG en el país, al menos de aquí al 2024. Este año comenté: “Estoy convencido que ninguno de los candidatos presidenciales que se postulen para el próximo año (2019), incluirá en sus peroratas

públicas la expulsión de este organismo internacional –LA CICIG–, como no lo hicieron los contendientes de las pasadas elecciones” (elPeriódico. 19-07-18).  Posteriormente agregué: “Si algo faltaba para comprender el interés y actuar del gobierno estadounidense para reducir las amenazas incubadas en la subregión centroamericana

–Guatemala, Salvador y Honduras–; el titular de elPeriodico de ayer lo aclaró “EE. UU.: CICIG, la clave para evitar migración”, comentario proveniente de la señora Helen Aguirre asesora especial de Trump (elPeriódico. 12-07-18).

Contrario a lo que se dice sobre el beneplácito por la CICIG de la mayoría de ciudadanos y habitantes del país, la realidad es que están preocupados por los problemas que impactan su calidad de vida, seguridad y bienestar a largo plazo. Esta opinión no contradice la percepción de que la Comisión, disuade parcialmente la comisión de acciones delictivas en la administración pública.  Su fortaleza no depende de la aprobación nacional, sino de las constantes denuncias difundidas por los medios por el manejo fraudulento del erario público, es decir, este actuar ilícito se convirtió en una amenaza a la gobernabilidad y estabilidad del país, condicionantes que vulneran el éxito o afectan los magros esfuerzos del Plan para la Prosperidad, vital para reducir la migración. Plan que recientemente tuvo un último soporte con el aval del presidente Trump a la enmienda –Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA)– bicameral para la elaboración de la lista de narcofuncionarios corruptos del Triángulo Norte, presentada por la congresista Norma J. Torres y el Senador Ben Cardin.

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