Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Antejuicio contra diputados

— Editorial
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El derecho de antejuicio, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”.

Conforme la Constitución, los diputados gozan de “inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto”. Por tanto, corresponde a los magistrados de la CSJ decidir si ha lugar o no a formación de causa penal contra los diputados al Congreso.

Por cierto, cabe recordar que este último mandato quedó incorporado en la Constitución al ratificarse el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso mediante el Acuerdo Legislativo 18-93 emitido con fecha 17 de noviembre de 1993, en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994.

Antes de dicha reforma constitucional, el Congreso conocía y resolvía los antejuicios contra los diputados, por lo que los mismos congresistas conocían y resolvían los antejuicios promovidos contra ellos. De esa cuenta, entre el 14 de enero de 1986 y la fecha en que cobró vigencia la reforma constitucional de 1993 jamás se declaró que había lugar a formación de causa penal contra un diputado al Congreso. Incluso, se recuerda que en el período 1986-91 el Congreso declaró sin lugar un antejuicio promovido contra un diputado por la comisión de un homicidio. Sin duda, un verdadero escándalo.

El viernes pasado, el MP y la CICIG presentaron una denuncia penal contra la diputada Nineth Montenegro, Secretaria General del partido Encuentro por Guatemala, por la supuesta comisión del delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

Consecuentemente, la referida denuncia penal deberá canalizarse a la CSJ, para que esta determine si ha lugar a formación de causa penal en su contra, después de que el respectivo juez pesquisidor rinda su dictamen. Si la CSJ resuelve que ha lugar a formación de causa penal contra la diputada Montenegro, la respectiva denuncia deberá remitirse al juez penal competente para el correspondiente juzgamiento penal y si el juzgador la liga a proceso penal y decreta prisión preventiva en su contra, automáticamente quedaría suspensa en sus funciones de congresista, al igual que ha ocurrido con otros diputados anteriormente.

Lo anterior sin perjuicio de la sanción (amonestación, multa, suspensión, cancelación) que el Tribunal Supremo Electoral podría imponer al partido Encuentro por Guatemala, por el supuesto financiamiento electoral ilícito.

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