Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Financiamiento político ilegal

No debe permitirse el dinero sucio en la política.

— MARIO FUENTES DESTARAC
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En julio de 2015, en un informe de la CICIG, se estimó que el 25 por ciento del financiamiento de la política provenía de estructuras criminales, especialmente del narcotráfico, el 25 por ciento del sector privado y el 50 por ciento de los proveedores del Estado.

Los aportes del sector privado se estiman de fuentes legítimas, aunque no todos se canalizan a través de mecanismos formales, es decir debidamente identificados, declarados y registrados, sino que se entregan a los políticos informalmente, o sea sin cumplir con los requisitos legales. Por otro lado, muchas contribuciones provenientes de los proveedores del Estado se derivan de la corrupción en el sector público, lo que las califica como dinero sucio, al igual que el proveniente del crimen organizado.

En el Código Penal se sanciona el financiamiento con dinero sucio así: “La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas”, será castigada con prisión de 4 a 12 años inconmutables y multa de Q 200 a 500 mil.

Asimismo, se sanciona, con la misma pena, las contribuciones provenientes de fuente legítima, pero recibidas “en forma anónima”, así como las que no “se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”. Al respecto, cabe recordar que la CC, en un fallo reciente, resolvió que el Congreso revisara este delito concreto.

El MP y la CICIG, con bastante eficacia, han logrado perseguir el financiamiento informal proveniente del sector privado. Prueba de ello son las sindicaciones contra políticos, empresarios y funcionarios, entre estos últimos el Presidente y varios diputados, así como la imposición de sanciones a los respectivos partidos, incluso la cancelación de algunos de ellos. Sin embargo, la detección e investigación de la financiación proveniente del crimen organizado y de la corrupción en el sector público no han sido significativas, lo que podría atribuirse a una suerte de imposibilidad sistémica de la autoridad electoral.

Por tanto, me atrevo a afirmar que, dado el efecto disuasivo de la persecución penal, el financiamiento informal (anónimo o no reportado) que proviene de fuentes legítimas disminuirá significativamente en el próximo proceso electoral; y, asimismo, me preocupa que si no se precisa y aclara la redacción del delito de financiamiento electoral ilícito proveniente de fuentes legítimas, podría reducirse, a su mínima expresión, la financiación formal con dinero bien habido, por mera falta de certeza jurídica. Por el contrario, el financiamiento con dinero sucio podría volver a tener una presencia importante durante la campaña electoral que se avecina.

De esa cuenta, los desafíos inmediatos del Estado de Guatemala, de cara al proceso electoral 2019, son: (i) Precisar y aclarar el delito de financiamiento electoral ilícito proveniente de fuentes legítimas; y (ii) Redoblar los esfuerzos en el combate contra la financiación que se origina del dinero sucio.

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