Domingo 19 DE Agosto DE 2018
Opinión

Es la corrupción, estúpido

A la luz de los hechos, estos mensajes parecen no llegar a los oídos de los mandatarios de turno que siguen moviéndose en esquemas proclives a la corrupción.

— Manfredo Marroquín
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Esta frase célebre originalmente alusiva a la economía que fue acuñada en la primera campaña del expresidente Clinton para posesionar el tema que era ignorado por su rival que se percibía imbatible y fuerte en otros frentes, se adapta perfectamente a lo que vive Guatemala y los otros dos países del llamado Triángulo Norte, donde la corrupción sigue socavando la gobernabilidad y sus gobernantes siguen ignorándola, pretendiendo minimizar su impacto en todas las demás áreas del desarrollo.

Esa política miope adoptada en nuestro caso por el presidente Morales, lo ha llevado a un punto irreversible de desgaste no solo frente a la mayoría de la población, sino además a sentir las primeras presiones internacionales que en su momento serán incontenibles.

Tanto la economía como el sistema político se tambalean y remecen con las investigaciones producidas por entes de investigación parcialmente liberados de la cooptación de élites que les
mantenían en el statu quo de la impunidad.

Por dos semanas consecutivas se ha conocido de medidas anunciadas en la capital estadounidense para sancionar a funcionarios y ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras involucrados en redes de corrupción.

La primera una enmienda incluida en la ley de defensa nacional de Estados Unidos que obliga a las agencias competentes de ese país a presentar cada año al Congreso de ese país un listado de personajes que se presuma integran o lideran redes de corrupción en los países del Triángulo Norte.

La segunda acción se conoció hace unos pocos días, y está plasmada en una carta enviada por dos prominentes e influyentes legisladores que piden a la administración Trump, sancionar a seis personas, dos de ellas guatemaltecas y una con intereses importantes en nuestro país, para que sean investigadas y sancionadas bajo la ley Magnistky que abarca la incautación de bienes a los señalados.

En los seis casos se trata de personajes ligados a círculos de poder cercanos a gobiernos pasados y de turno y puede verse como un anticipo a las listas que deberán elaborarse en adelante por mandato legal del país del norte.

Pero a la luz de los hechos, estos mensajes parecen no llegar a los oídos de los mandatarios de turno que siguen moviéndose en esquemas proclives a la corrupción haciendo inútiles y sin impacto significativo las inversiones y políticas públicas. Incluso en varios casos asistimos a la regresión de algunos avances logrados con mucho esfuerzo en los últimos años, alimentando las condiciones de inseguridad y desempleo que siguen provocando las oleadas migratorias hacia el norte.

Falta ver si tanto en Guatemala como en El Salvador, donde se aproximan eventos electorales en menos de un año para elegir nuevos gobiernos, los aspirantes escuchan la principal demanda que hay sobre ambos países de acabar con la corrupción como mecanismo de toma de decisiones y reparto de presupuesto y bienes públicos como pre condición para sentar las bases de reformas ineludibles que hagan viable la gobernabilidad y el desarrollo.