Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Abusos contra menores en Estados Unidos

— Jose Rubén Zamora
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Los malos tratos, abusos y excesos a los que han sido sometidos los menores que fueron separados de sus padres son inhumanos y grotescos, e incluso en muchos casos podrían ser tipificados como tortura, de acuerdo con el derecho internacional. El Gobierno de Guatemala, y específicamente la Embajada de Guatemala en Washington, debieron actuar con mayor diligencia y celeridad para tratar de impedir esta desgracia humanitaria, aunque la responsabilidad principal por esas violaciones graves a los derechos humanos es de las autoridades de los Estados Unidos que deberían ser investigadas y procesadas judicialmente por estos hechos injustificables. Además de la legislación interna de cada país, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumano s o Degradantes, establece un procedimiento para examinar estos casos. Correspondería a los familiares de las víctimas, en este caso niños y niñas, o al Estado de Guatemala, acudir a esas instancias internacionales, de no haber sanciones a los responsables por parte del propio Gobierno de los Estados Unidos.

La Embajada de Guatemala en Washington debió haber asumido un papel más proactivo y responsable, para apoyar y gestionar la reunificación familiar, y el propio embajador debió presentarse ante las instituciones correspondientes en Washington: el Departamento de Seguridad Interna (a cargo de la seguridad fronteriza y de la política migratoria), el Departamento de Salud (responsable directo del cuidado de esos menores), el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad (National Security Council), para insistir en la gravedad del problema y la urgencia de resolverlo. Era necesario que se constituyera un equipo de funcionarios de la embajada para identificar a todos los menores guatemaltecos y establecer su paradero. Hubiese sido pertinente que este equipo exigiera fotografías de estos menores para mostrarlas a los cientos de padres y madres que están en centros de detención, y a los que han sido deportados. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores debió haber establecido una fuerza de tarea para apoyar ese proceso de identificar a los menores y devolverlos a sus progenitores, y de mantener contacto con los deportados a quienes les arrebataron a sus hijos en los puestos fronterizos de Estados Unidos. Todo eso fue lo que recomendaron el mes de junio pasado un grupo de excancilleres y exembajadores en Washington, que propusieron una hoja de ruta simple y llena de sentido común.

El Gobierno de Guatemala tiene la obligación de informar qué se ha hecho para reunir a las familias que fueron separadas al entrar a los Estados Unidos de América. A la fecha no se sabe cuántos niños y niñas permanecen en centros de detención y están siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Guatemala en Washington es grotesca e inadmisible. El embajador Manuel Espina no ha querido recurrir al apoyo de las iglesias evangélicas, especialmente las neo pentecostales, que le han abierto puertas en círculos políticos, para dedicarse de lleno a apoyar la reunificación de las familias guatemaltecas que fueron separadas en los meses pasados. En cambio ha preferido utilizar este capital político para minar el trabajo de la CICIG.

Estados Unidos adopta acciones inmediatas ante cualquier detención, así sea legal, de sus propios connacionales en otros países. Funcionarios de sus Embajadas o los cónsules se presentan de inmediato ante las autoridades a exigir la liberación de los norteamericanos que hayan sido detenidos, o un trato justo y respetuoso de sus derechos humanos en caso que sean procesados judicialmente. Guatemala debería actuar de la misma manera para defender a los guatemaltecos que son detenidos en ese país, más aún, para proteger a los menores que han sido separados de manera atroz de sus padres.

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