Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

En conflicto de interés y en choque con la cultura de legalidad

En la historia legislativa del país se ha legislado si tener en cuenta procesos de abstención por conflictos de interés..

— Manfredo Marroquín
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La diputada Andrea Villagrán presentó hace unos días un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que busca corregir el debido proceso legislativo violentado en el intento por aprobar la controversial reforma al Artículo 407 del Código Penal que establece las sanciones al
financiamiento electoral ilegal.

Se trata de una acción sin precedentes en la historia política nacional en la que un miembro del mismo Congreso enciende por primera vez la luz roja de alarma de un potencial conflicto de interés cometido por sus pares.

Las primeras reacciones de descalificación y ataque a dicha acción de amparo vinieron de diputados que a juzgar por sus declaraciones, desconocen el concepto de conflicto de interés quizás por estar habituados a actuar en esa condición e incluso llegar a creer que la misma constituye un derecho y no una práctica corrupta como efectivamente lo es.

Todos los instrumentos y convenciones contra la corrupción que ha signado Guatemala, entre ellos la convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la convención Interamericana obligan al Estado y sus instituciones a adoptar medidas de prevención y castigo contra el conflicto de interés y quienes aprobaron esas mismas convenciones deberían ser los primeros en promover su respeto.

Una de las medidas implementadas precisamente para dar cumplimiento a esa obligación es la establecida en la misma Ley Orgánica del Congreso en el Artículo 98 que contempla el procedimiento de abstención que debe seguir un diputado cuando tiene situación de conflicto de interés en la aprobación de una ley como es el caso en mención.

La diputada Villagrán expone en la acción de amparo detalladamente cómo 66 diputados tienen potencial conflicto de interés en la aprobación de la reforma al salir beneficiados directa o indirectamente de su aprobación por estar comprometidos en procesos de investigación relacionados con financiamiento electoral irregular y/o bien evitar salir perjudicados en caso sus partidos sean cancelados por dicha razón al no poder ejercer ningún órgano directivo dentro del Congreso, ni tampoco buscar su reelección al estar prohibido buscar una curul con un partido distinto al que los llevó al mismo.

En la historia legislativa del país se ha legislado si tener en cuenta procesos de abstención por conflictos de interés, que más bien se asumen como normales y hasta deseables. De tal cuenta que el recurso de amparo interpuesto por la diputada Villagrán representa una acción sin precedente y que de salir favorable como debiera en derecho, daría un aporte sustantivo a la cultura de legalidad que debería emanar de unarepresentación legislativa.

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