Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Congestión judicial

La congestión judicial es patética y aterradora.

— MARIO FUENTES DESTARAC
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En 1994, el Estado de Guatemala adoptó el proceso penal acusatorio que impone al Ministerio Público (MP) la carga de la prueba, es decir la obligación de demostrar y acreditar las imputaciones delictivas, a fin de despojar a los acusados del velo de la presunción de inocencia que los resguarda.

El proceso penal acusatorio se rige por los principios de imparcialidad judicial, presunción de inocencia, contradicción, igualdad procesal, publicidad, oralidad, restricción de la libertad por excepción e “in dubio pro reo” (la duda favorece al reo).

La regulación del proceso penal acusatorio en nuestro país ha venido siendo objeto de enmiendas con el propósito de perfeccionarlo y agilizarlo. Sin embargo, la realidad es que la implementación de dicho proceso sigue mostrando graves deficiencias sistémicas que comprometen su eficiencia y eficacia.

La congestión judicial, por ejemplo, es patética y aterradora. El número insuficiente de juzgadores aunado a la exigencia normativa que ordena que todo requerimiento debe formularse en audiencias orales, adoptada a partir del año 2010, está haciendo que los procesos se prolonguen indefinidamente y que el sistema esté al borde del colapso. Claro, la imposibilidad material de los jueces sumada al número creciente de casos, da como resultado que lo que verdaderamente rige es la apretada agenda judicial, bajo la cual se programan o reprograman las audiencias conforme la disponibilidad del juzgador, que no necesariamente se ajusta a la celeridad y pertinencia requeridas.

La Corte Suprema de Justicia reconoce que el Organismo Judicial solo cuenta con la tercera parte (6 jueces por cada 100 mil habitantes) del número de jueces necesarios (17 jueces por cada 100 mil habitantes). No debe sorprendernos, entonces, que las audiencias secuenciales o no se programen o reprogramen mediando largos períodos de tiempo. Y como todo requerimiento ante juez se debe conocer en audiencias orales, los procedimientos duran una eternidad, dejando en un plano lírico o eufemístico lo que la ley ordena en materia de plazos para resolver. La espera que desespera es la realidad.

De ahí las iniciativas de ley en pos de reducir el plazo máximo de prisión preventiva, que la ley estipula que no puede exceder de un año (lo cual no aplica para los sindicados de delitos no excarcelables), pero, al mismo tiempo, permite que el mismo se prorrogue indefinidamente. Si al número insuficiente de jueces (agravado con el hecho de que no todos tienen la calidad requerida) agregamos el número insuficiente de fiscales y defensores públicos, así como las limitaciones propias del Inacif, entonces se explica también la creciente represa de denuncias pendientes de investigar, así como los hechos punibles no justiciables en nuestro país. Luego, la denuncia de falta de acceso a la justicia es justificada.

En todo caso, se podría descongestionar el sistema si se habilitara a los jueces de paz para que conocieran las imputaciones de delitos sancionados con penas de hasta cinco años de prisión (y no solo de hasta un año), que, por cierto, está previsto en la ley, pero no se puede implementar plenamente dado que el MP y la Defensa Pública Penal no tienen cobertura en todos los municipios.

En fin, los cuellos de botella están identificados. ¿Se quedarán las autoridades de brazos cruzados hasta que el sistema penal colapse?

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