Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Intervenir Energuate por fraudulenta

Es tiempo de pensar en nacionalizar Energuate.

— Miguel Ángel Sandoval
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La demanda interpuesta por la Contraloría General de Cuentas, –CGC– ante el Ministerio Público –MP– a Energuate luego del dictamen de una decena de abogados de la institución contralora, nos conduce de forma automática a considerar la intervención de esa empresa por fraude reiterado, pertinaz, sistemático. Es otra cara de la actitud casi delincuencial de esta empresa. En ese comportamiento la evasión y fraude fiscal es otra de las zonas turbias de su funcionamiento.

Son contratos firmados con alcaldes de unos 130 municipios, de acuerdo con notas de prensa, pero en realidad la denuncia es contra 300 alcaldes, que pueden ser más o pueden ser menos, pero ninguno pasa la prueba de la legalidad, de lo legítimo, de lo razonable, de lo ético, o si usted prefiere, de lo moral. En todos se respira olor a fraude como lo deja ver la demanda que presenta la CGC. Y por las características de los contratos y por los cobros ilegales que se hacen, casi extorsivos, es que la gente está encachimbada. Es por responsabilidad de esta Empresa y la miopía o corrupción de los alcaldes implicados, que la gobernabilidad del país corre riesgos.

En dos platos, Energuate se hizo de la complicidad de unos 300 alcaldes, para cobrar, ellos como empresa, el arbitrio municipal. Desde la perspectiva de la autonomía municipal, esto podría ser en última instancia aceptado, pero no es menos cierto que se trata de recortar los ingresos municipales y permitir que una empresa que no se caracteriza por prestar buen servicio, usurpe derechos municipales ante la población. Pero sobre todo, se enfrente a la población por los cobros exagerados, el mal servicio reiterado y los abusos constantes.

En otros términos, cobros altos avalados por las municipalidades y con mal servicio. Si recordamos, hace apenas unos días hubo manifestaciones en Coatepeque, en donde la fuerza pública intervino para desalojar a la gente que protestaba, con justa razón se puede decir ahora, luego de la denuncia que la CGC ha interpuesto contra la empresa responsable del mal servicio, cobros excesivos y abusos. Y porque la denuncia establece violaciones a la Constitución, al Código Municipal, a la Ley de Compras y Contrataciones, a la Ley General de Electricidad, entre otras.

Es lo que durante muchos meses, años quizás, han denunciado organizaciones de derechos humanos, de campesinos, de ciudadanos, y en un lugar destacado Codeca. Me parece que hace falta decir algo: el nivel de ilegalidades, alrededor de una docena de abogados de la CGC así lo establecen y denuncian, amerita tomar medidas severas en contra de esta empresa. En primer lugar está la intervención, que es una atribución del Estado. En segundo, la nacionalización de esta empresa que como vemos funciona violando de forma sistemática, el orden legal de nuestro país.

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