Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Libertad sindical

CICIG y MP deben investigar las suspensiones ilegales, encarcelamientos y asesinatos contra los trabajadores.

— Franco Martínez Mont
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En Guatemala, el cumplimiento de derechos humanos es una utopía liberal –ni siquiera socialdemócrata– y la represión a los trabajadores organizados fue y ha sido la estrategia contrainsurgente para configurar el Estado neoliberal actual, donde las arbitrariedades de los oligopolios actúan con impunidad y corrupción.

La explotación de la fuerza de trabajo es la base para la acumulación de capital de los grupos de poder, creando amplias brechas de desigualdad, muerte y exclusión política.

Empero, en un contexto de posguerra, deben reconocerse las luchas de los sindicatos –no blancos–, quienes han creado un contrapoder ante las vejaciones patronales, desde las resistencias políticas hasta los avances en la institucionalidad pública. Finalmente, las demandas populares deben anclarse en el Estado.

Por ejemplo, a partir de 2017 se firma el Acuerdo en Ginebra para crear la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, esta se hace efectiva en el país mediante el Acuerdo Gubernativo 45-2018.

Dicha instancia está acompañada por OIT y nace para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales a través del diálogo social, fomentando las buenas relaciones laborales (negociación colectiva, libertad sindical, mediación y resolución de conflictos, legislación y política laboral). Está integrada por representantes del Gobierno, sector empleador y organizaciones de
trabajadores.

La Comisión Tripartita contribuirá al empoderamiento de los sindicatos para fiscalizar, proponer y gestionar la aprobación de leyes e implementación de políticas públicas a favor de los trabajadores, ya que su realidad es alarmante, en muchos casos inhumana.

La OIT para 2018 registra 19 casos activos relativos a quejas de libertad sindical, 11 más están en seguimiento, mientras que 80 han sido cerrados.

La coerción y lobby de las cámaras empresariales es sistemático y contundente, pero la negligencia del Estado es aún más deleznable, un Estado que no garantiza derechos y no promueve el bien común de la clase trabajadora.

¿Qué toca ahora? A propósito de la jerga mundialera, la pelota está en la cancha, corresponde a los sindicatos presionar al Congreso para aprobar el decreto-ley que institucionalizaría la Comisión Tripartita, con un presupuesto razonable para su funcionamiento y con plenas prerrogativas democráticas para cumplir con el derecho a la libertad sindical y de asociación, tal y como lo contempla el Convenio 87 de OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

framont@gmail.com

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