Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Corte de Constitucionalidad: la vida de las mujeres no vale nada

— Irmalicia Velásquez Nimatuj
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El uso de la violencia y la muerte son instrumentos para someter y oprimir a las mujeres que no responden al patrón creado por el modelo económico patriarcal vigente.

Claramente se evidencia un plan impulsado desde el Estado para acabar con los logros en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que las mujeres de todas las edades, orígenes o proveniencia social han construido después de largas batallas en un país, donde el desproporcionado poder que concentran los hombres, especialmente los miembros de la élite, les ha permitido crear un Estado con instituciones al servicio del patriarcado que facilita y encubre que un promedio de 62 mujeres sean asesinadas mensualmente y que más del 90 por ciento de los crímenes queden impunes, promoviendo que el círculo de sangre y muerte aceche sus vidas.

A principio del año fue el Congreso con las iniciativas 5377 “Ley sobre Reconciliación Nacional” que extinguiría los delitos de violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto armado; luego la 5385 “Ley de creación de procedimientos para delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas”; y el 27 de junio la Corte de Constitucionalidad –máximo ente judicial– declaró inconstitucional parcialmente, el Artículo 6 de la “Ley contra Feminicidio” reduciendo en más del 50 por ciento las penas a hombres condenados por crímenes contra mujeres.

Con este fallo es evidente que si de algo carecen las y los magistrados de la CC es de una plena conciencia de qué es, cómo se reproduce y cómo opera la opresión de género en sociedades donde la masculinidad, como construcción social, ha facilitado e incentivado la reproducción de roles, donde el uso de la violencia y la muerte son instrumentos para someter y oprimir a las mujeres que no responden al patrón creado por el modelo económico patriarcal vigente. Ante sus decisiones ¿cómo pueden los integrantes de la CC definirse como “juristas de alto nivel” que resuelven “conforme a la Constitución, leyes y convenios ratificados por el Estado de Guatemala, en el marco de los Derechos Humanos”? (Prensa Libre 24/04/2018).

El mensaje que la CC y el Estado envían al mundo es que en Guatemala se asesina, descuartiza, desaparece, viola o se quema, desde niñas hasta ancianas con impunidad porque las penas que reciben los responsables –por sus privilegios– son irrisorias.

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