Martes 19 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Otra vez los insufribles bloqueos

Fecha de publicación: 05-07-18
Por: editorial

El miércoles de la semana pasada, a la altura del kilómetro 216, en la entrada a Guayacán, Coatepeque, Quetzaltenango, grupos de personas bloquearon la carretera, impidiendo el tránsito vehicular, extremo que se prolongó por espacio de tres días. La exigencia de los manifestantes era que la empresa de electricidad que abastece la zona, Energuate, reinstalara la energía eléctrica, debido a que, desde hacía 11 días, no contaban con el servicio supuestamente por falta de pago de la factura eléctrica.

Nuestra Constitución y las leyes ordinarias vigentes reconocen y protegen los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como el derecho de libre tránsito y locomoción.

Efectivamente, la Constitución dispone: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”.

Asimismo, nuestra Carta Magna establece: “Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.

Entonces, la deducción lógica es que el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación no puede menoscabar o limitar el derecho de libre tránsito y locomoción, porque el límite del ejercicio de un derecho fundamental es cuando este (el de manifestación, por ejemplo) colisiona con el ejercicio de otro derecho fundamental (el de libre tránsito y locomoción, por ejemplo).

En todo caso, si el ejercicio del derecho de manifestación va en menoscabo del derecho de libre tránsito y locomoción, entonces la autoridad debe intervenir inmediatamente en defensa de este último.

Por tanto, las protestas y manifestaciones no deben menoscabar el ejercicio pleno del derecho de los demás ciudadanos al libre tránsito y locomoción.

Por otro lado, debe tenerse presente que en nuestro Código Penal existen figuras delictivas que castigan, con penas de prisión, a quienes obstruyan o bloqueen vías de comunicación y que, por consiguiente, limiten la libre locomoción y tránsito.

En consecuencia, exigimos a las autoridades competentes, especialmente al Ministro de Gobernación y al Procurador de los Derechos Humanos, la aplicación irrestricta de la Constitución y de las demás leyes vigentes, para que, por un lado, se protejan los derechos de reunión pacífica y de manifestación; y, por otro, también se proteja el derecho de libre tránsito y locomoción.