Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Vivir sin luz en Coatepeque…

Energuate defraudadora del fisco es responsable de la crisis.

— Miguel Ángel Sandoval
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La semana anterior vimos una crisis de gran envergadura en Coatepeque, cuando unas 25 comunidades rurales de ese municipio del departamento de Quetzaltenango al quedarse sin luz salieron a tomar las calles y las carreteras. La carretera que comunica la costa sur con la frontera mexicana y con la capital, fue interrumpida durante varios días por vecinos indignados por el corte de la energía eléctrica por parte de la empresa extranjera Energuate.

La empresa, con sus filiales Deocsa y Deorsa (malas palabras en el campo guatemalteco) reclamaba el pago por los vecinos de servicios reales o supuestos que no se pagan, según la empresa, mientras los vecinos alegaban mal servicio y cobros excesivos. Es un tema recurrente en muchos lugares del país, donde el servicio de electricidad es malo, caro, y muchas veces, sin ningún tipo de atención por el cliente. Hay quejas en todo el país. Mientras las autoridades no hacen mucho, salvo enviar fuerzas de choque cuando hay protestas.

Es el precio de contar una empresa extranjera que monopoliza la distribución de energía eléctrica en muchos lugares del país, sin controles, sin cumplir con sus responsabilidades tributarias, sin respeto por los clientes cautivos, y en varios casos documentados, con prácticas de corrupción y evasión descaradas, que hace dos años, llevó a la SAT a un cobro judicial mediante el cual esta empresa defraudadora del fisco, fue obligada a pagar unos 130 millones de quetzales de mora.

En esta ocasión, la población desesperada por los abusos de la empresa Energuate, ocupó las carreteras por tres días para reclamar la reinstalación del servicio eléctrico, al tiempo que empresarios y sus voceros volvieron a reclamar el derecho de locomoción como su argumento principal sin poner en perspectiva el rol de Energuate que como sabemos con pruebas irrefutables, ha sido castigada por la SAT por no pagar y por evadir impuestos, por defraudar al Estado guatemalteco que le da todas las prerrogativas para un mal servicio como señalan los vecinos.

La ocupación de la carretera se resolvió (no la crisis) con el desalojo por fuerzas policiales utilizando bombas lacrimógenas, vapuleando gente, intoxicando vecinos de Coatepeque, en medio de disturbios de mucho riesgo. En ese cuadro, el CACIF lo único que alegó, monótono, son las pérdidas infladas que dicen tener, pero ni una palabra sobre los derechos de los pobladores. Así su visión parcial de las cosas. La población ejerce su derecho a la resistencia y el CACIF lo único que demanda es la intervención policial. La crisis como se señala, continúa.

El balance de una crisis que no ha sido resuelta, pues lo desalojos violentos no son salida, –sino un diálogo maduro y responsable–, es la intervención innecesaria de las fuerzas antimotines, heridos, vapuleados, varios detenidos, intoxicados, con la cauda de temor en la población. Todo como respuesta a una demanda legítima de la población, pues la energía eléctrica es un derecho de la gente que no puede ser utilizado para castigar a la población. Menos utilizando por las fuerzas represivas del Estado en apoyo de una empresa evasora. Son los hechos.

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